Después de haber impulsado un proyecto de nueva ley de alquileres en el Congreso y de que incluso el presidente Mauricio Macri la promocionara en sus discursos, el Gobierno está dando marcha atrás y frenaría el apoyo oficial a la iniciativa impulsada por el diputado PRO Daniel Lipovetzky.
Según trascendió, el freno oficial proviene directamente del presidente Macri, quien se enteró de que el proyecto de ley habría generado dudas en cuanto a la continuidad de un importante desarrollo de viviendas para alquiler, con un presupuesto de decenas de millones de dólares.
Así, el Ejecutivo cajonearía un proyecto que implicaba prácticamente la única medida a favor de la clase media, golpeada por la recesión económica, la devaluación, la inflación, el aumento de los servicios y de la presión tributaria y la pérdida de poder adquisitivo de los salarios.
Los proyectos oficiales que se evalúan como opción apuntan a beneficios tributarios para el desarrollo de proyectos inmobiliarios que tengan como destino el alquiler, a los que se le aplicarían tasas reducidas.
Desde el oficialismo también plantean la necesidad de “blanquear” la actividad del sector, ya que apenas el 20º 30% de los contratos de alquiler están registrados ante la AFIP. En este sentido, se planteó la posibilidad de reducir a la mitad del impuesto a las Ganancias para los propietarios, para avanzar en la formalización del sector, lo que además permitiría un aumento de la recaudación.
Otro de los aspectos que prevé fortalecer el Gobierno tiene que ver con la ejecutividad para los desalojos de inquilinos morosos, planteándose juicios sumarísimos que permitan el desalojo en no más de dos meses. El secretario de Vivienda Iván Kerr sería el responsable de elaborar una iniciativa legal en este sentido, que será presentada al Congreso el próximo año.
Hace algunos días la Cámara de Diputados había logrado dictamen para un proyecto, muy cuestionado por martilleros e inmobiliarias, que apuntaba a una mayor cobertura de los inquilinos, establecía contratos a tres años, reduciendo los requisitos de garantías, regulaba los mecanismos de ajuste de los alquileres (por el índice de salarios o la variación de los precios) y prohibía el cobro de más de un mes de depósito por las inmobiliarias.
