Fueron expresiones del abogado laboralista, Gustavo Ciampa quien se manifestó frente a la polémica de los últimos días, respecto a la actuación de la cartera de Trabajo en cuanto a la ayuda estatal “indiscriminada” para el pago de salarios incluso a grupos como Techint, Clarín y otras multinacionales, empresas con balances financieros, cuyos números no hablan de la necesidad de recurrir a las debilitadas arcas del Estado argentino para solventarse.
Al respecto, Ciampa señaló en Estado de Alerta que “en síntesis”, la normativa en materia laboral frente a la pandemia que dictó el Gobierno Nacional fue “positiva”. Destacó en particular la medida del “Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio y el DNU del día 31 de marzo que es el que “dispuso la prohibición de los despidos sin justa causa”. Pero sí tuvo objeciones a la hora de analizar la “sintonía fina” de la medida y dijo que hay “aspectos criticables” en la operatividad de esa herramienta.
Al respecto, el integrante de la Corriente 7 de Julio consideró que «hubo una falta de advertencia de los propios organismos estatales” que no vieron que “en el medio de tantas solicitudes de salario social se “colaban elefantes”, refiriéndose a las empresas que han hecho abuso de este apoyo del Estado procurando –y obteniendo- que se pague parte de las remuneraciones de su personal cuando no necesitaban ser subsidiadas.
“De todos modos prefiero que el Estado actúe en exceso a que no actúe”, resaltó pero acto seguido denunció el caso “de altos directivos de empresas y de grupos económicos que parte de su salario lo cobraron del Estado y ahora se fueron con la familia a Estados Unidos gastando millones de pesos en un vuelo privado”.
Pero Ciampa no sólo puso los “subsidios estatales a empresas” bajo la lupa, sino también a los recortes salariales acordados”. Acá también fue crítico respecto a la convalidación de “rebajas salariales” que puedan pactarse colectiva o individualmente para aquellos trabajadores que están cumpliendo con el aislamiento y no pueden prestar tareas en su hogar, porque “esa reducción salarial que pesa sobre los trabajadores también son subsidios a las empresas e incumple esa norma –el decreto 329/2020 que obliga a mantener el pago de los salarios íntegro”.
Consultado respecto al proyecto que “a cambio de subsidiar a las empresas se capitalicen acciones para el Estado”-como propuso la diputada Fernanda Vallejo- opinó que es “correcto”, con la salvedad de que “tiene que ser algo que se sepa de antemano” y siempre con la “racionalidad y la proporcionalidad del caso”.
En tanto que frente a la posible publicación de los datos de quienes solicitaron el ATP –chicos y grandes-, tampoco vio “objeciones constitucionales”. Por el contrario, opinó que “es información pública” y la “la población tiene derecho a saber cuándo el Estado subsidia a las empresas y a qué empresas.
Ciampa: «Hoy comienza a tratarse en la Legislatura la regulación del teletrabajo»
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