La iniciativa distribuye las facultades de tomar decisiones entre el Poder Ejecutivo, gobernadores y el jefe de Gobierno porteño, «otorgando una amplitud de intervenciones para la toma de decisiones respecto de la evolución de la pandemia»
El Gobierno nacional envió este lunes al Senado el «proyecto de ley Emergencia Covid» que establece parámetros sanitarios, epidemiológicos y demográficos a tener en cuenta para definir las acciones de mitigación viral, y determina las facultades del presidente y de los gobernadores para dictar «medidas de cuidado de la población».
El pasado 30 de abril, durante la presentación del Decreto de Necesidad y Urgencia que actualmente rige en todo el país, el presidente, Alberto Fernández, había anunciado el envío al Congreso de una iniciativa legislativa que, «en función de criterios científicos claros y precisos», facultara al Ejecutivo nacional y a los gobernadores «a tomar restricciones y medidas de cuidado durante esta situación excepcional». Y así lo hizo con la intención de tenerlo hecho ley antes del 21 de mayo, día en que vence el actual decreto.
En ese sentido, la iniciativa elaborada por la Casa Rosada recupera el esquema de riesgo epidemiológico ya plasmado en los últimos dos decretos que permite segmentar de acuerdo a la situación sanitaria actual y de los últimos 14 días en un espacio sociodemográfico determinado.
La propuesta que ingresó el lunes por la tarde al Senado de la Nación «no distingue entre zonas geográficas, sino que establece criterios estrictos, parámetros epidemiológicos conforme a los cuales las jurisdicciones y el Gobierno federal, según las competencias de cada uno, adoptarán medidas para mitigar la propagación del virus».
La Casa Rosada insiste con la posibilidad de que el debate parlamentario genere cambios en el proyecto, en el marco de un «diálogo siempre buscado» con la oposición, de modo de evitar luego la permanente acusación, disidencia o “rebeldía” respecto a las medidas impuestas por el Ejecutivo Nacional.
En este marco, el proyecto fue girado a las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Salud de la Cámara alta. El oficialismo pretende que tenga dictamen favorable y pueda pasar rápidamente a la Cámara Baja donde los números no son tan holgados y habrá que dar lugar a un debate más acalorado y seguramente modificaciones donde el tema de la presencialidad en las escuelas se llevará toda la atención política y mediática.
El Gobierno prevé un tratamiento urgente de la Ley, ya que pretende la entrada en vigencia «desde el 22 de mayo», fecha de caducidad del actual DNU, y que se duración alcance hasta el 31 de diciembre de 2021, fecha en que vence la actual Ley de Emergencia Sanitaria.
