El acuerdo para eliminar el aporte del Estado a la Iglesia continúa avanzando. Luego de que se hiciera pública la altísima suma que significaba al Estado, por ejemplo, el pago de salarios a los obispos, representantes eclesiásticos y del Gobierno negocian un entendimiento para modificar las contribuciones estatales al culto.
Nadie puede creer que esto sea independiente de la tensa relación que mantienen ambos desde el debate por la despenalización del aborto y que logró su momento de mayor tensión el sábado 20 cuando en la misa frente a la Basílica de Luján, se sentaron en primera fila sindicalistas y políticos opositores a escuchar una homilía con durísimas críticas al plan económico del gobierno, al que se «le exige acción inmediata» frente a la vulnerabilidad y la pobreza que van en aumento día a día.
Por uno u otro motivo, se trabaja en un plan para que el Estado, a partir de 2020, deje de «sostener el culto católico», un apoyo que en 2018 alcanzó los $130 millones y que enfrentó críticas de distintos sectores de la sociedad y la propia alianza de Cambiemos.
Equipos técnicos del Ministerio de Hacienda, la Jefatura de Gabinete y la Secretaría de Culto- y la Conferencia Episcopal avanzan desde hace varios meses en generar las condiciones para que «cada uno de los fieles de las distintas religiones sostenga a sus iglesias».
Dentro del proyecto de “modernización del Estado” impulsada por Andrés Ibarra, se avanzó con este plan donde la relación Gobierno-Iglesia, pueda ser más clara y no generar suspicacias como las que surgieron luego de que el jefe de Gabinete, Marcos Peña, en el Congreso afirmara que el Estado gasta esos $130 millones en el pago de los sueldos de los obispos, en cumplimiento del artículo 2 de la Constitución y de leyes posteriores.
En este sentido, también los obispos -muy incómodos en ese momento- estarían interesados en que se modifique esta situación, ya que –según sostienen- el aporte estatal es de sólo el 7 por ciento, con lo cual son los fieles los que la sostienen con el otro 93 por ciento que necesita para financiarse, y eso es lo que la Iglesia quiere clarificar.
Queda ahora pendiente, el tema más escabroso que es buscar «alternativas» de financiamiento para no «soltarle la mano ahora» y que el sostenimiento de la Iglesia sea “viable”, pues si bien hay una clara tensión, el gobierno es consciente del gran trabajo de contención social que realiza la Iglesia particularmente en todo el conurbano, sin el cual las posibilidades de un estallido social se multiplicarían varias veces.
