El sorprendente triunfo del ultraderechista Jair Bolsonaro con un 46% de los sufragios en la primera vuelta electoral de Brasil (más de 49 millones de votos) obliga a mirar con atención su programa económico y las implicancias que puede tener tanto para los trabajadores del país hermano como para la integración regional.
En sus declaraciones Bolsonaro prefiere limitarse a declaraciones generales sobre los problemas sociales, criticando la violencia, la corrupción y la falta de valores morales, pero sin anticipar demasiados detalles concretos sobre su programa económico de gobierno. Sin embargo, cuenta con la asesoría de financistas ultraliberales y los rasgos de programa que ha anticipado apuntan a un drástico achicamiento del Estado (reduciendo ministerios, avanzando en un radical plan de privatizaciones y recortando la prestación de servicios públicos, especialmente en lo que hace a educación, salud y jubilaciones, áreas que serían dejadas a la gestión privada) y a una reducción de costos para el sector privado. Bolsonaro también se ha comprometido a defender una muy cuestionada reforma previsional que recorta los alcances de jubilaciones y pensiones.
En este sentido se trata no sólo de más beneficios impositivos para las empresas a través de una reforma tributaria, siempre con el discurso de que mayor crecimiento y ganancia fomentará la creación de nuevos puestos de trabajo, sino también de la promesa limitar los aumentos salariales y avanzar en una mayor flexibilización laboral y nuevos recortes de derechos como el aguinaldo o las vacaciones.
Estas propuestas no son más que la consolidación y profundización de los avances logrados por el actual presidente Michel Temer en el año de gobierno desde la destitución de Dilma Roussef, que pocos meses atrás logró se aprobara una polémica ley laboral para “aumentar la competitividad y facilitar la contratación de personal”.
Entre los puntos más cuestionables de esta ley de hiperflexibilización se establece que las convenciones y acuerdos colectivos en las empresas prevalecen sobre las disposiciones legales de carácter general y se autoriza el pago de salarios sobre una base horaria o diaria y ya no mensual. La nueva ley se avala la tercerización general, permitiendo trabajadores “autónomos” que prestarán servicios a las empresas pero sin vínculo laboral permanente, autorizando a las empresas a fijar jornadas laborales de 12 horas y a fraccionar los períodos de vacaciones a conveniencia. También se flexibilizan las condiciones de despido, pudiendo notificarse con 15 días de anticipación y con una indemnización que ya no está atada al salario, y dejan de ser obligatorios los aportes sindicales.
