Desde que la Secretaría de Energía de Javier Iguacel hizo público el decreto que autoriza el cobro de una “compensación” para las distribuidoras gasíferas por el impacto que tuvo la devaluación en sus compras de gas a las petroleras, que deberá ser pagado por los usuarios en 24 cuotas a partir del próximo enero, comenzaron a multiplicarse los repudios y las presentaciones judiciales en contra de la medida.
Además de las decenas de pronunciamientos de repudio de bloques legislativos en todas las provincias del país, se vienen registrando numerosos pedidos de amparo judicial, principalmente motorizados por ONGs, organizaciones de defensa del consumidor e incluso intendentes de partidos del conurbano bonaerense.
Además de la denuncia penal que este lunes presentó el fiscal federal Guillermo Marijuan presentó contra Iguacel por presunto incumplimiento de sus deberes de funcionario público, el Centro de estudios para la promoción de la igualdad y la solidaridad (Cepis) presentó ante la Justicia Federal de La Plata un amparo colectivo de alcance nacional para que se declare la “inconstitucionalidad y nulidad” del decreto 20/2018.
El texto plantea que el aumento del gas se produce por la decisión gubernamental de devaluar el peso y que por ende las consecuencias no pueden soportarlas exclusivamente los usuarios del servicio: “La diferencia que existe entre el precio de las tarifas para los usuarios establecido en audiencias públicas y el costo del gas previsto en los contratos no puede ser afrontado por los ciudadanos porque de ese modo estarían asumiendo riesgos y costos que no han sido generados por ellos. Es el Poder Ejecutivo Nacional quien determina la política cambiaria del Estado”. Además se denuncia que el aumento “no cumple con el procedimiento de audiencia pública”.
Uno de los primeros intendentes en plantear un recurso judicial colectivo contra la medida fue Gabriel Katopodis, de San Martín, quien calificó al aumento de “ilegal e irracional”. En un mensaje posterior a la presentación, el intendente manifestó: “Es una locura que el Gobierno vuelva a aplicar un tarifazo y un ajuste en el bolsillo de los argentinos. Vamos a defender a los clubes de barrio, a las pymes, a los comercios y a cada familia de San Martín. El tarifazo en San Martín no pasa”.
Más de diez mandatarios de otros distritos del conurbano bonaerenses ya confirmaron que impulsarán planteos similares. Entre ellos Juanchi Zabaleta (Hurlingham), Leonardo Nardini (Malvinas), Martín Insaurralde (Lomas), Fernando Gray (Echeverría), Julio Zamora (Tigre) y Walter Festa (Moreno). La dinámica también se ha reproducido en el interior, con presentaciones como la del intendente de El Calafate, Javier Belloni, junto al cuerpo de ediles justicialistas de la ciudad. En el mismo sentido se pronunciaron bloques legislativos en diversas provincias, entre ellas San Luis, La Pampa, Neuquén y Salta.
También Organizaciones No Gubernamentales se han sumado a la disputa legal. Entre los amparos ya presentados se cuentan los de la ONG mendocina Protectora, quien junto al diputado Mario Vadillo, argumentó que “los usuarios consumimos un servicio, ese precio al estar fijado y ofertado es definitivo y no se puede cambiar. Eso lo dispone el artículo 4, 8 y 30 bis de la Ley de Defensa de la República Argentina”. “Creemos que la Justicia Federal va a dictar la medida cautelar, dispuesta en este escrito inicial de demanda de amparo colectivo para que se frene cualquier tipo de puesta de funcionamiento de este perverso sistema de transferencia económica a las empresas extranjeras productoras de gas en la Argentina”, sentenció el diputado.
Desde Proconsumer de Jujuy, la doctor Claudia González anticipó una presentación conjunta con el Comité de Defensa del Consumidor (Codelto) de un recurso solicitando la suspensión de los efectos de esta resolución. “Para nosotros es inconstitucional y contraria a la ley de Defensa del Consumidor. La resolución esta desconociendo leyes de fondo. El Código Civil dice que cuando me vendes algo y yo lo pago, eso tiene efectos cancelatorios, sin que lo acuerden de forma expresa las partes”, detalló González.
También desde la ONG Amas de Casa San Juan y otras asociaciones provinciales se presentaron recursos a la Justicia para frenar la compensación. “No lo podíamos creer pero nos dimos cuenta que es una política más de las impulsadas por el presidente en perjuicio de la gente y en beneficio de las empresas”, manifestó Laura Vera, titular de la entidad, quien también anticipó que elevarán un reclamo al Defensor del Pueblo de la Nación en la provincia.
