En busca de nuevas herramientas para limitar la protesta en las calles y la deportación de inmigrantes extranjeros que comentan delito, el gobierno intenta llevar adelante la reforma del Código Penal. Es una iniciativa que apura el gobierno de Macri para aumentar las penas por entorpecer el tránsito y para “deportar” con mayor agilidad a extranjeros que cometan “delito”.
Las reformas al Código Penal que enviará este mes el Ejecutivo al Congreso abrirá otro fuerte debate en un contexto de conflictividad social en aumento donde los sectores más vulnerables sostienen que este modelo económico sólo «cierra con represión”.
La crisis económica potenció los reclamos, aunque la Casa Rosada los atribuye a motivaciones políticas, acusaciones que generan un amplio rechazo particularmente en las organizaciones sindicales y sociales quienes lo atribuyeron “a una estrategia para criminalizar la protesta”.
Esto hace aparecer como algo improbable la idea del gobierno de que la reforma sea un “trámite” una vez que el miércoles 14 de noviembre salga el Presupuesto. Este texto puede comenzar a debatirse rápidamente para descomprimir la “presión desde el ejecutivo” pero se sabe que, por tratarse de un tema tan “polémico” y de una reforma de un Código Penal que tiene casi cien años de vigencia y varias enmiendas, esto llevará mucho tiempo (y muchas resistencias).
La reforma que se pretende incorporar es amplia y casi duplica su cantidad de artículos (pasará de 320 artículos a 540), y al gobierno le ilusiona pensar que tendrá buena acogida en la opinión pública de cara a un año electoral donde se deberán mostrar buenos resultados más allá de la Economía.
Por eso, ahora, el control de la calle se convirtió en una de las principales preocupaciones del Gobierno para lo que resta del año. Y en consecuencia van por el proyecto que aumenta la escala penal para quienes “entorpezcan” el tránsito del transporte público y privado, y a su vez el nuevo Código endurecerá también la ley migratoria para agilizar expulsiones.
Esto será a través de la incorporación de una figura agravada para los migrantes que usan documentación falsa y para quienes incumplan la prohibición de reingresar a Argentina luego de una expulsión por sentencia condenatoria judicial. Para estos últimos la prisión será de uno a cuatro años cuando hoy, no es delito.
Lo que parece olvidar el gobierno, como lo hizo con el protocolo antipiquete, que fracasó rápidamente en la ciudad de Buenos Aires, es que todos aquellos que están sufriendo las consecuencias de este modelo de «exclusión», no claudicarán del derecho a la protesta, a la movilización o a la huelga.
Mientras el gobierno insiste con la reforma del Código penal, movimientos sociales, sindicales, comerciantes y PyMes insisten en la urgente reforma del modelo económico que se está llevando adelante y que han definido como la creación de una “fábrica de pobres”.
