Después de que varios ministros nacionales y el propio Presidente Mauricio Macri cargaran públicamente contra las medidas de lucha que está llevando adelante la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), el Gobierno nacional decidió redoblar la ofensiva con una denuncia penal. La presentación judicial fue llevada adelante por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) pidiendo se investigue una posible comisión de delito por el anuncio gremial difundido por los altoparlantes de los aviones luego del aterrizaje.
Tomás Insausti, titular de la ANAC, planteó en su escrito: «Vengo a formular la presente denuncia para que se analice si las conductas desarrolladas implican la posible comisión de un delito de acción pública, en su caso, si se habría puesto en peligro la seguridad de las aeronaves en los términos del art. 190 del Código Penal, como así también si existió alguna vulneración a la libertad ambulatoria de los pasajeros o su situación anímica».
El audio de los pilotos con sus planteos gremiales se difundió en varios vuelos a inicios de esta semana, con el avión ya en tierra y las puertas abiertas. Allí se denunciaba la política aerocomercial del oficialismo que lleva a la crisis a numerosas empresas aéreas, pone en riesgo miles de puestos de trabajo y compromete la seguridad aérea.
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La respuesta del Gobierno fue una contraofensiva coordinada de numerosos funcionarios, desde el presidente Macri, que sostuvo que el dirigente de APLA Pablo Biró era un sinvergüenza, hasta fuertes críticas de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y del ministro de Producción y Trabajo Dante Sica. Ahora, la presentación de Insausti exige “la nómina completa de los vuelos en los cuales se han divulgado los comunicados en cuestión, con identificación de su tripulación y sus pasajeros” y requiere a las aerolíneas que informen “si en alguno de sus vuelos programados se ha dado lectura a comunicados de similares características a los aquí denunciados”.
En simultáneo, este viernes el Gobierno dio a conocer el presupuesto 2019 de Aerolíneas Argentinas mediante la resolución 631/2019, que aprueba el «Plan de acción y Presupuesto de la compañía» (con la firma del ministro de Hacienda Nicolás Dujovne). Allí se denuncia que el Resultado Operativo de la aerolínea de bandera (diferencia entre los ingresos y gastos de operación) arroja un saldo negativo de algo más de 1.652 millones de pesos. El texto también anticipa una reducción de 153 puestos de trabajo en la empresa, que pasaría a tener 12.308 empleados en planta permanente.
El ex titular de la aerolínea de bandera Mariano Recalde opinó respecto de la gestión del Gobierno que “lo que no se puede hacer, cuando uno tiene una responsabilidad, es enfrentarse a los trabajadores” y denunció que a “cualquiera que proteste se lo tilda de kirchnerista, quieren asociar la protesta con una cuestión electoral”. En cuanto a la situación económica de Aerolíneas, afirmó que “desde que Macri se hizo cargo del país, Aerolíneas pierde cada vez más plata” y alertó: “Hay que discutir el fondo de la protesta, Aerolíneas se está fundiendo”.
Desde APLA se denunció que toda esta ofensiva oficial apunta a “desprestigiar la actividad gremial para aplicar la flexibilización laboral”. Juan Pablo Mazzieri, secretario de Prensa del gremio conducido por Pablo Biró, justificó durante una entrevista con el programa La Gota (que se emite por radio Argentina) el anuncio de 40 segundos difundido a los pasajeros, aunque también confirmó la decisión gremial de suspender esa medida de fuerza por considerar logrado “el objetivo de que la gente supiese la realidad, se pudo penetrar el cerco mediático”.
El gremialista denunció que el sector hoy es “sometido a un ataque virulento de las autoridades del Gobierno, por parte de las autoridades de Aerolíneas, en la cual hay una persecución laboral muy ostensible. Nos preocupa porque se desvía el foco de lo que denunciamos”. Luego reforzó la idea de que el objetivo de desprestigiar la actividad gremial apunta a abonar terreno para avanzar con la reforma laboral: “Incluso hay empresarios que hablan de descontratar, ya no despedir. Todo para llevar adelante una reforma laboral que requiere tener una conducción sindical débil, desprestigiada, sin posibilidad de reacción para poder implementar estas herramientas de flexibilización laboral”.
