El Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) analiza por estas semanas el “techo” de los incrementos de los servicios de telecomunicaciones, tras el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) Nº 609 que congeló las tarifas hasta fin de año.
Tal como consignan fuentes oficiales, y pese a que las firmas reclamaban un alza promedio del 20%, el aumento no podrá superar en enero el 5% del valor actual de los planes de telefonía fija, celular, televisión por cable e internet. Se anunciarán además, planes inclusivos para cada servicio con valores muy bajos.
Cuatro empresas, Personal, Fibertel, Cablevisión y Telecentro, y con el pretexto de la inflación anual, ya anticiparon que pretende subir sus tarifas entre un 20% y 23%, en todos sus servicios a partir de enero, fecha en la que habrá un descongelamiento. Pero desde el Ejecutivo insisten en que no podrán hacerlo en más de un 5% y la decisión será oficial en los próximos días.
Las empresas de telecomunicaciones llegaron a 2020 con un buen margen de rentabilidad ya que en 2019 aumentaron sus planes cuatro veces, acumulando en promedio un 63,9%, es decir, 10 puntos por encima de la inflación general de precios, que arrojó 53,8%.
Tal como denuncian distintas organizaciones de defensa al consumidor, en algunos casos, los ajustes llegaron al 75%. Y en 2018 la situación fue similar: retocaron las tarifas un 55,3% cuando el costo de vida acumuló 47,6%, es decir, subieron 7,7 puntos porcentuales, como revelan cifras del INDEC.
2020, y la llegada de la pandemia, mostró cortocircuitos entre el Gobierno y las firmas, que en septiembre pasado impusieron un alza de valores, lo que generó la respuesta de Alberto Fernández: congelar hasta el 31 de diciembre las tarifas de telefonía celular y fija, los servicios de acceso a Internet y a TV paga, además de declararlos servicios públicos esenciales. «De esta manera garantizamos el acceso a los mismos para todos y todas», señaló el Presidente.
«De esta manera estamos recuperando herramientas regulatorias que el gobierno anterior quitó al Estado. El derecho de los usuarios y consumidores es un derecho constitucionalmente reconocido. En lo sucesivo, no podrá haber ningún aumento sin la previa aprobación del Estado», añadió el mandatario.
