No hay mucho de novedoso en esto, pues en cada uno de los contactos que la Confederación General del Trabajo tuvo con la casa Rosada lo dejó en claro: teme seriamente por la eclosión de las obras sociales sindicales. Lo más significativo es que ya lo temía antes de la pandemia por Covid. Podemos imaginar la dimensión de esa preocupación ahora.
La inquietud existe del mismo modo en el sector privado de salud, lo que los hace sentirse mucho menos solos. Pero al mismo tiempo les hace saber que no son exclusivos para que les pongan el oído -y los fondos- pues hay una larguísima lista de demandas para recibir los magros auxilios previstos para el área en el 2021.
¿Por qué magros? Porque a diferencia de éste año donde todo se volcó a reacomodar el sistema de Salud para atender la pandemia, el año que viene está previsto logísticamente para que el arma de lucha será la vacuna pero con el triste anticipo -reconocido por el mismo Gobierno- de que “la vacuna no resuelve la pandemia”.
Por eso los efectores de salud ven en la práctica que toda la ayuda que recibió el sector durante el año para paliar la crisis generada por el Covid-19 se esfumará con el mes de diciembre, cuando no sólo se empiece con la vacunación sino que se cierre el 2020 y empiece el calendario del año próximo donde Martín Guzmán tendrá que comenzar a efectivizar el “ajuste” que anticipó en el presupuesto y que le exigirá cada vez con más fuerza el FMI.
“Ajuste” al que ya en más de una ocasión burlaron desde el mismo Gobierno que busca el acuerdo. Ejemplo del caso es el incremento cercano a 40 mil millones de pesos que significará el retoque que hizo el Senado a la fórmula de movilidad jubilatoria.
Ese mismo temor hizo que los 16.000 prestadores de la salud privados que operan en el país y atienden al 70% de los argentinos-entre los cuales se incluyen 5500 clínicas privadas, además de centros de atención psiquiátrica y de diagnóstico médico y empresas de emergencias- se unieran en el «espanto» y formaran una federación -la FAPS- que ésta semana se sentará a la mesa de los ministros de Salud, de Economía y Trabajo para hacer su planteo.
Si bien los interlocutores oficiales han hecho mucho durante el presente año, se les pedirá más. Claudio Moroni es ejemplo de ello con varios desembolsos millonarios destinados a “calmar los ánimos” de algunos dirigentes cegetistas que, al borde del colapso vienen financiando sus obras sociales con fondos de los sindicatos. Pero no alcanza igual.
Esa desesperación tiene que ver con que el Gobierno pensó un Presupuesto 2021 libre de Covid19 y es -según los economistas más optimistas- de la única forma en que los números planteados en el ejercicio del año que viene podrían arrimar. De lo contrario, si la vacuna no logra frenar una segunda ola, nuestro destino económico estará acabado y también el de gran parte de las obras sociales sindicales y centros privados de salud.
