Diversidad de respuestas gremiales para lidiar con el déficit de sus obras sociales

Los gremios vienen discutiendo diversas estrategias para resolver la complicada situación de sus obras sociales sindicales, que además se agravó severamente durante la pandemia. En ese complejo escenario, los sindicatos presionan al Gobierno nacional por mayor financiamiento para el sector, buscan renegociar sus deudas con los organismos correspondientes o apuntan a fortalecer su obra social mediante aportes de las cámaras patronales.

Según un informe que compartió la Secretaría de Acción Social de la Confederación General del Trabajo (CGT), a cargo del histórico José Luis Lingieri (Obras Sanitarias), a fines del año pasado, el sistema de obras sociales gremiales cerró 2022 con un déficit financiero de 50.000 millones de pesos, una cifra récord. Según se detalló entonces, este rojo aumentó más de lo previsto por la fuerte incidencia de las prestaciones por discapacidad (rehabilitación, tratamientos, educación y transporte), que llegaron a representan el 50% de la recaudación del Fondo Solidario de Redistribución (FSR).

La Superintendencia de Seguros de Salud declaró a cuatro obras sociales «en situación de crisis»

En agosto del año pasado, el entonces flamante ministro de Economía Sergio Massa había apostado a reducir el déficit nacional con una serie de medidas de ajuste que incluían un fuerte recorte del aporte nacional al FSR, previendo transferirle sólo $1.500 millones, lo que implicaba una reducción de cerca de 10 mil millones respecto de lo que esperaban los gremios. Pero a mediados de septiembre Economía revisó la decisión, girando al Ministerio de Salud unos 24.000 millones de pesos para las obras sociales sindicales e incluyendo en el proyecto de Presupuesto 2023 una partida especial para que las prestaciones por discapacidad sean financiadas por el Estado, decisión que quitó una gran presión financiera para el sector. De todos modos, el reclamo histórico de los gremios es que los fondos que aportan los trabajadores a las obras sociales sean transferidos en forma inmediata a los sindicatos.

Dirigentes cegetistas tuvieron una reunión reservada con Horacio Rodríguez Larreta

Más allá de estos planteos hacia el Gobierno nacional, se comenzaron a buscar formas de refinanciar las distintas deudas de las prestadoras de los gremios, motivo presentado como eje central detrás de la reunión que mantuvieron hace pocos días un grupo de dirigentes gremiales con el Jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta. El planteo que impulsó el encuentro, en el que también se discutió en torno a los planes del funcionario porteño en relación con la reforma laboral, fue el reclamo de deuda que se le realizaba a las obras sociales desde Facturación y cobranza de efectores públicos (FACOEP SE). Lo reclamado como deuda superaba los mil millones de pesos por los testeos y la atención a afiliados de obras sociales sindicales en hospitales públicos durante la pandemia del coronavirus. Si bien por parte de Larreta hubo sólo un compromiso de revisar el tema, la central obrera avanza en la elaboración de un proyecto de ley para evitar ese pago.

Finalmente, presionados por la inflación desbocada de los últimos meses, algunos gremios buscan financiar a sus obras sindicales por medio de acuerdos particulares con las cámaras empresariales del sector. El ejemplo más claro es el de Camioneros, que esta semana logró acordar con representantes de la Federación Argentina de Transporte y Logística (FAETYL), la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac) y la Confederación Argentina del Transporte Automotor de Carga (CATAC) el pago de un aporte mensual de $3.200 por trabajador, durante el semestre mayo-octubre.