Una resolución firmada por la ministra de Trabajo provincial, Mara Ruiz Malec, es el aval para que una treintena de trabajadores sean restituidos a sus puestos de trabajo en la empresa del grupo Techint, por considerarse los despidos en ese distrito una «infracción grave».
Sin acuerdo de partes, la cartera laboral dictó conciliación obligatorio por la lapso de 15 días, lo que significa retrotraer el conflicto a foja cero y que hoy vuelvan los empleados a sus puestos de trabajo.
Las partes fueron notificadas en la noche del miércoles, lo que puso en claro que el Gobierno bonaerense endureció las penalidades para los empresarios que insistan en despedir personal a pesar de las restricciones que figuran por decreto desde el inicio de la cuarentena.
Esta es la muestra de que la administración de Axel Kicillof irá a fondo en política laboral como quedó expuesto en casos de conflictos que tuvieron como epicentro ambas jurisdicciones, como los de Techint con las representaciones sindicales de sus numerosas fábricas que vienen intentando despedir trabajadores desde el inicio de la cuarentena.
En una audiencia citada por la cartera laboral provincial, la Unión Obrera Metalúrgica y referentes de Techint discutieron por la cesantía de los 30 operarios de una contratista de la fábrica de tubos sin costura Tenaris-Siderca, de Campana.
el recorte sería producido en la empresa Ferrúa, una proveedora de chatarra, fue denunciado por el gremio y que fue tomada como un desafío a la vigente prohibición de despidos, ahora extendida hasta el 31 de julio a través de la ampliación del decreto 329/20. Lo cierto es que la mayor preocupación de los metalúrgicos es que el el recorte sea mayor y alcance a unos 600 puestos de trabajo que podrías ser destruidos en la empresa.
En ese contexto, aparece vigente la resolución 174 del Ministerio de Trabajo bonaerense, que encabeza Ruiz Malec, quien reglamentó por éstas horas los decretos de necesidad y urgencia que no sólo prohibieron, sino que «encarecieron los despidos», al señalar que serán consideradas como “infracciones graves” las cesantías producidas en medio de la pandemia, violatoria del Pacto Federal de Trabajo.
En términos prácticos, en la cartera laboral provincial explicaron que cualquier expediente con despidos tramitado por esa repartición será sindicado como “ineficaz” y pasible del pago de una multa en un rango del 30 al 200% del salario mínimo, vital y móvil por cada trabajador.
Con la resolución se buscó despejar grises de la normativa que pudiesen ser utilizados por los abogados patronales para efectivizar cesantías en medio de la cuarentena.
Ejemplo de ello fue el de Ternium Siderar, adonde la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) también presentó una denuncia penal contra el Grupo Techint por un aparente intento de desarrollar actividades no autorizadas por el gobierno como «esenciales». Denuncia que incluía descuentos indebidos en los salarios de los operarios suspendidos, por lo que ahí mismo desde la cartera provincial se intimó a la empresa de Paolo Roca para la regularización bajo pena de multas millonarias.
