Directivos de una empresa agropecuaria de la provincia de Buenos Aires fueron imputados por la explotación de más de 200 trabajadores en “condiciones infrahumanas”, según informó este viernes la Procuraduría General de la Nación. Ya se pidió la inhibición general de bienes de los empresarios procesados y un embargo millonario.
Los procesados son cuatro directivos y dos encargados de la empresa agropecuaria Satus Ager, dedicada al desflore de maíz en diversas estancias de las localidades bonaerenses de Ramallo y Arrecifes, acusados por el delito de trata de personas con fines de trabajo forzoso, agravado por haber sido cometido de manera organizada por más de tres personas (fueron 237 los trabajadores explotados en estas condiciones), en concurso ideal con el delito de reducción a la servidumbre u otras prácticas análogas.
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La causa tramita en manos del juez Carlos Villafuerte Ruzo y ya el fiscal Matías Di Lello, de la Fiscalía Federal de San Nicolás, y la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex) solicitaron la inhibición general de bienes de los empresarios acusados y embargos por más de 22 millones de pesos para garantizar la reparación a las víctimas. Desde la Procuraduría también se pidió una investigación patrimonial de todos los imputados, en su mayoría oriundos de la provincia de Santiago del Estero.
Según consta en la causa, los hechos se produjeron en los campos “Doña Clementina” y “Santa Celestina” durante diciembre de 2010 y enero de 2011, cuando los trabajadores eran obligados a cumplir labores “de sol a sol” y en condiciones “infrahumanas” (sin baños, luz, agua potable, con comida vencida y malos tratos constantes).
80 de los trabajadores vivían en una casilla de chapas con piso de tierra y otros se alojaban en trailers precarios. Además de sufrir constantes “descuentos” de sus pagos por la compra de ropa de trabajo o elementos de higiene, no se le abonaban los días en que no podían trabajar en el campo por cuestiones climáticas.
En diciembre de 2018 el Juzgado Federal de San Nicolás había dictado el sobreseimiento de los imputados, pero la resolución fue revocada en febrero de 2020 por la Sala B de la Cámara Federal de Rosario.
“Como se ve, no se trata de una u otra mala condición aislada, tampoco de uno u otro indicador de explotación; se trata de una situación general del trabajo en los campos que refleja una decisión deliberada de explotación para la maximización de las ganancias”, concluyeron desde la fiscalía y la Protex.
