Fue luego de que el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo expusiera este lunes en la Universidad de Lanús, donde destacó que los «ejes centrales» para reconstruir el tejido social de la Argentina son «la generación de trabajo, los ingresos y el acceso a los servicios básicos», con la «construcción de consensos fuertes que posibiliten cambios estructurales”, lo que resumió en que “no se sale de verdad con programas pequeños”.
En ese sentido, el ministro confirmó que “el programa ya está en elaboración y les pidió ayuda a empresarios, sindicalistas y dirigentes sociales” y destacó que para concretarlo es “necesaria la implementación de una renta básica universal”, como «un mecanismo que se vincule con el trabajo en sectores productivos y en otras áreas, y con capacitación y formación».
Arroyo expuso en una charla frente a sindicalistas, empresarios, eclesiásticos, académicos y hombres de los movimientos sociales sobre el tema «Renta Universal, Trabajo y Protección Social», que se desarrolló en forma virtual con la organización de la Universidad Nacional de Lanús (UNLa) en su condición de institución académica integrante de la Mesa de Encuentro por el Trabajo y la Vida Digna, y de la que participaron referentes de entidades industriales, agrupaciones sociales y sindicatos.
Al describir la situación creada por la Covid-19, Arroyo hizo foco en que «antes de la pandemia, la Argentina tenía 40% de pobreza general, 50% de pobreza infantil, 50% de trabajo informal y 8 millones de personas que recibían asistencia alimentaria, una situación claramente crítica» pero reconoció que este contexto lo ha complicado: “está aumentando la pobreza, creciendo la desocupación, la informalidad laboral y hoy son 11 millones de personas quienes reciben asistencia alimentaria, es decir que pasamos de 8 a 11 millones en estos últimos 90 días», precisó.
Ante este panorama, Arroyo resaltó que “al 30 de junio ya ejecutamos el 120% del presupuesto anual, lo cual nos habla de la decisión del presidente Alberto Fernández de atender la emergencia»,
Sobre el trabajo, puntualizó que se puso en marcha «el plan ‘Potenciar Trabajo», que tiene varias líneas, pero en esencia hay cinco sectores productivos que son los que van a dinamizar más la economía, que son la mano de obra intensiva con la construcción; la producción de alimentos; el textil; la economía del cuidado y el reciclado».
«No son los únicos, pero vemos ahí el punto central para movilizar la economía y crear trabajo desde abajo, que permita instancias de vínculo entre los programas sociales y el trabajo», así como «transferir fondos a provincias y municipios para poner en marcha un esquema de unidad de gestión, créditos no bancarios, y otros mecanismos, como el monotributo social, que permita tener factura y estar exento durante dos años», dijo.
El titular del Sindicato de Dragado y Balizamiento, Juan Carlos Schmid, pidió «poner el sistema financiero al servicio de la producción y de las Pymes», y Hugo Godoy, de ATE, se pronunció por la creación de un «Consejo de Salario Social, Empleo y Formación, integrado por todos los sectores productivos, organizaciones sociales y el Estado, que mejoren capacidad de formación, entre otros aspectos».
La rectora de la UNLa, Ana Jaramillo, consideró a su vez que «los sindicatos y las cooperativas tienen que llevar la delantera en este sistema de justicia social y de dignidad del trabajo», mientras el vicepresidente de la Unión Industrial Argentina, Guillermo Moretti, señaló que «lo crítico ahora es sostener empleo, y por ende sostener la producción de las empresas» y en el largo plazo «impulsar políticas públicas que potencien los activos productivos».
La idea de la renta universal es una propuesta global en la que el papa Francisco insiste para contra restar los efectos de desigualdad que genera el «capitalismo salvaje» y que los movimientos sociales impulsan con fuerza en el país. El plan ya cuenta con antecedentes de distintos proyectos, algunos de larga data como el del ex presidente, Eduardo Duhalde o el del actual director del Banco Nación, Claudio Lozano, de los que se nutre el Gobierno de Alberto Fernández para lograr concretar un plan social que pueda ser parte de la reconstrucción postpandemia y abarcar a casi cuatro millones de personas.
