La creación de un organismo tripartito en la provincia de Buenos Aires, integrado por Estado, empresas de energía y sindicatos del sector para resolver cuestiones en materia de energía eléctrica, particularmente en tiempos de pandemia, ilusiona con un mayor cumplimiento de protocolos de salud y la definición de viejas cuestiones técnicas de fondo para la prestación de un mejor servicio.
En ese sentido, con el objetivo de la «estatización del servicio», el secretario general de la Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía (APSEE), Carlos Minucci, celebró la participación en el organismo porque “es la primera vez que el movimiento obrero tiene presencia en este tipo de temas a raíz de los cuatro años que venimos batallando, notificando los problemas que hay”.
Esa enorme cantidad de demandas hacen que desde APSEE “se esté trabajando enfocado en la necesidad social, afirmó Minucci y fundamentó: “para una solución definitiva en temas de energía eléctrica, que sea de uso universal y les llegue a todos, el sistema tiene que volver a manos del Estado”.
Para poner un ejemplo de las desventajas que ocasiona la energía eléctrica en manos de empresas privadas –que además vinculó al macrismo-, el sindicalista denunció: “fíjense ustedes que la gran discusión hoy está en las tarifas, están tomando estimados altos para cobrarle a la gente, le están cobrando más de lo que corresponde en medio de una pandemia, o la tienen ocho días sin luz como en la villa 31”.
“Los servicios públicos esenciales tienen que depender del Estado”, dice una y otra vez el también integrante de la Corriente Federal, convencido de que “a un jubilado, a un desocupado o a un AUH no se le puede cobrar la energía ni cortarle la luz como hoy se hace”.
En este contexto, Minucci no fue solo crítico con las empresas de energía sino también con la Confederación General del Trabajo, de la que dijo que “sus conductores no son lo más representativo del Movimiento Obrero” y criticó las decisiones que están tomando, a las que definió como “una locura” refiriéndose a la rebaja del 25% del salario a los trabajadores cuando el Estado ya las ayuda con un 50%.
