En las últimas horas se confirmó la creación del comité de Pymes, Emprendedores y Productores (PEP), conformado por algunos de empresarios y productores a favor del DNU 70 del Gobierno del presidente Javier Milei. La flamante organización convocó a cacerolazo contra el paro general de la Confederación General del Trabajo (CGT), programado para el próximo 24 de enero.
Desde la organización sostienen que representan a cerca de 2 mil pymes, consideran que el proyecto de reforma del oficialismo es “extraordinario” y plantean: “Sin industria del juicio, con condiciones justas de contratación y condenando expresamente los bloqueos de las mafias se dan las condiciones necesarias para la inversión y la creación de trabajo genuino”.
Masivo plenario de regionales cegetistas para acordar acciones hacia el paro del 24
Entre los puntos que reivindican, se destacan que la iniciativa oficial no admite dependencia laboral, estableciendo un período de prueba de ocho meses, liberaliza formas de pago, elimina y reduce los costos para la desvinculación laboral, deroga el régimen de viajante de comercio, limita la actualización de créditos laborales y prohíbe bloqueos, previendo fuertes sanciones a quienes los lleven adelante.
Según detallaron, la iniciativa nació del economista ultraliberal Gustavo Lazzari, en el marco del encuentro anual del Movimiento Empresarial Anti Bloqueo (MEAB). Así, convocó a Rodolfo Llanos, presidente de la Unión de Emprendedores, y a Alejandra Vada Vázquez, directora de Lácteos VIDAL. En un video que subió a redes sociales, Rodolfo Llanos, presidente de la Unión de Emprendedores de la República Argentina y otro de los precursores del grupo, aseguró que el grupo llegará a la brevedad a 4.000 adhesiones.
Freno judicial al Movimiento Empresarial Antibloqueos, impulsado por Florencia Arietto
A fines del año pasado, la Cámara Civil ratificó la previa decisión de la Inspección General de Justicia que había la inscripción del MEAB, un proyecto de asociación civil impulsada por las empresas como herramienta contra lo que definen como “bloqueos sindicales extorsivos”. La polémica iniciativa había sido motorizada principalmente por la abogada Florencia Arietto.
Las objeciones judiciales apuntan entonces al “objeto social” de la entidad, que propone “una Red de Ayuda y Asistencia Integral para empresas de cualquier rubro y/o entidades de cualquier tipo”, ofreciendo servicios “para aquellos que resulten ser víctimas de bloqueos sindicales extorsivos y/o víctimas de cualquier ‘accionar delictivo’ que implique la paralización de la actividad empresarial y/o laboral y/o la imposibilidad del libre ejercicio del comercio, industria o servicio a los principios de libertad económica e iniciativa privada”.
