Cinco centrales hidroeléctricas vuelven al control del Estado, al vencerse sus concesiones

Desde la Secretaría de Energía que encabeza Flavia Royón confirmaron en las últimas horas que cinco centrales hidroeléctricas volverán a la órbita del Estado nacional, al cumplirse los 30 años de concesión. La situación de otras 17 se definirá en los próximos meses.
Según trascendió, las centrales estarán “transitoriamente” a cargo de Energía Argentina (ex Enarsa), mientras se crea una nueva empresa estatal para la gestión de las mismas, además de un fondo entre el Estado y las provincias donde se encuentran las centrales. La operación y el mantenimiento de las mismas podría licitarse a empresas privadas.

Las centrales que vuelven al Estado son: Alicurá, de AES Alicurá S.A.; El Chocón, de ENEL Generación; Planicie y Banderita, de Orazul Energy; y Piedra del Águila, de Central Puerto.La decisión de Economía, bajo cuya órbita está la cartera energética, afectará a cuatro empresas, tres de cuyos contratos de concesión vencen el 11 de agosto, mientras que el restante lo hace el 29 de diciembre. Respecto de varios contratos de concesión que vencen el año próximo, será tarea de la próxima administración nacional resolver su situación.

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Royón justificó la reestatización explicando: “En 30 años de gestión privada no hubo proyectos hidroeléctricos de envergadura, y Argentina necesita más centrales hidroeléctricas”. En una carta a Agustín Gerez, titular de Energía Argentina, la funcionaria remarcó: “La trascendencia de la generación hidráulica en la transición energética es fundamental, debido a que es una de las fuentes de energía renovable más confiable, flexible, de rápida respuesta frente a las fluctuaciones de la demanda y, en particular para estas centrales que ya han traspasado los límites de los plazos de amortización de las grandes inversiones iniciales, las de menor costo del sistema”.

Más allá de las posibles polémicas con las empresas que quisieran extender la concesión, también se abrió un frente de conflicto con la provincia de Neuquén, que rechazó la decisión por “inconstitucional”.