Un proyecto de Estatización de empresas eléctricas «como derecho humano» y el paso de secretaría a ministerio con nuevo titular de Energía

La actual Secretaría de Energía cuenta con el extraño caso de dos renuncias de funcionarios, en el inicio de la nueva gestión de gobierno que encabeza el Presidente Alberto Fernández. Así el área que depende del Ministerio de Desarrollo Productivo, a cargo de Matías Kulfas, exhibió fuertes internas a la hora de definir estrategias y objetivos.

Más allá de los actores que formaron parte de estos enredos (Federico Martelli como Jefe de Gabinete y Maximiliano Galli como subsecretario administrativo, fueron los renunciantes), lo cierto es que aún no se estableció el horizonte que perseguirá un sector central del Gobierno, que hasta aquí aparece eclipsado, aunque su rol estratégico es obvio.

Alcanza con enumerar su radio de acción sobre la actividad petrolera (con Vaca Muerta como enigma), la producción Minera (que obliga a definir prioridades medio ambientales), la generación eólica (hoy poco menos que en etapa inicial), más la nuclear, gasífera, entre otras, aunque la eléctrica puntualmente adquiere, ‘un particular valor de mercado’, a partir de su máxima necesidad y uso cotidiano productivo y residencial.

Así, hay quienes vuelven a establecer en agenda la necesidad de poner fin a la explotación de empresas como Edenor o Edesur, o al menos en principio obligarlas a realizar inversiones que mejoren el servicio, al tiempo de legislar para que las rentabilidades privadas no tengan destinos foráneos como principal rumbo de sus ganancias.

En este sentido, la Asociación del Personal Superior de Energía Eléctrica (APSEE) que encabeza Carlos Minucci, está trabajando junto a algunos legisladores nacionales y a través de su puesto en el Organismo tripartito de la Provincia de Buenos Aires, que integran sindicatos, empresas y Estado, para poner en superficie esta discusión, incluso en medio de la actual situación excepcional que atraviesa el país, a raíz de la presente pandemia y establecer “el servicio eléctrico como un derecho humano”.

“Pérdida de fuentes de empleo, fuga de capitales, absoluta falta de inversión en equipos y tecnología, a pesar del aumento en las tarifas para usuarios y consumidores”, son parte de los argumentos que exhibe Minucci para justificar lo que entiende como “una urgente y necesaria acción de gobierno”. 

“El primer paso” –dice- “es dejar de ser Secretaría, para convertirse en Ministerio”. “Las razones son más que lógicas, si tenemos en cuenta el rol fundamental que cumple la energía en función del desarrollo de las naciones y la calidad de vida de sus habitantes”, agrega. 

Minucci pone como ejemplo también el perjuicio que ocasionó la “denigración” que sufrieron los ministerios de Trabajo y Salud, durante la anterior gestión de gobierno. “Basta como ejemplo el rol fundamental en la tarea sanitaria que está llevando adelante nuestro país para enfrentar el Covid19”. 

El debate está instalado y no son pocos los dirigentes de la primera línea entusiasmados con una posibilidad de este tipo. Algunos de ellos de fuerte presencia y renombre en las administraciones presidenciales que encabezaron Néstor Kirchner y Cristina Fernández