La primera sesión ordinaria tras la apertura anual de la Legislatura no pudo llevarse a cabo el pasado jueves en Chubut. Según dio a conocer el vicegobernador Ricardo Sastre “varios domicilios de diputados fueron atacados por manifestantes «antimineros” que se oponían al tratamiento del proyecto.
Uno de los asuntos claves de la provincia está dilatado y no parece fácil destrabar la cuestión. Se duda de las garantías luego de los disturbios y balazos con los que terminó la frustrada jornada legislativa pues según expresaron desde el sector que dilata el avance «la actividad minera está prohibida desde el 2003 a cielo abierto y con uso de cianuro”, según una consulta popular que se hizo en la ciudad de Esquel.
Las trabas continúan pese a las reformas introducidas al proyecto original, relacionadas con elevar el bono compensador minero al doble del monto original y a la creación de un canon inicial sumado a la reserva de fondos para pago de deuda provincial. Nada parece ser suficiente por ahora para avanzar con el proyecto oficial.
El martes, al dejar inaugurado el período de sesiones ordinarias en la legislatura del Chubut, el gobernador Arcioni pidió el tratamiento del proyecto y dijo contar con el apoyo de Alberto Fernández y del secretario de Minería, Alberto Hensel.
Los hechos de violencia y la posterior parálisis parecen contradecirse con la creación de una Unidad para la Promoción de Inversiones en Energía y Minería en el Ministerio de Relaciones Exteriores a través de la resolución 37/21 que lleva la firma del canciller Felipe Solá, publicada en el Boletín Oficial el pasado 06 de marzo.
En ese sentido, desde la Cancillería señalaron que “la atracción de inversiones en éste sector requiere de una unidad especializada, dada la naturaleza técnica de la temática y la multiplicidad de proyectos e iniciativas en los que participa la República Argentina en el ámbito bilateral”, refiere la Resolución en sus considerandos, que apunta a reactivar la actividad minera.
Entre las funciones de la Unidad se incluyen la “coordinación de acciones de promoción de inversiones en materia de energía y minería en el exterior y la elaboración de iniciativas en dicha materia; la participación en la asistencia a empresas argentinas en su proceso de transnacionalización y/o atracción de inversores en materia de energía y minería; y la participación en la identificación y promoción de acuerdos comerciales y de cooperación orientados a alentar la inversión extranjera en materia de energía y minería”.
