En las últimas horas la Confederación General del Trabajo (CGT) reclamó por medio de una nota dirigida a todos los Ministerios de la Nación que se informe sobre el cumplimiento de la Ley 22.431, que establece la “inclusión del cupo de personas con discapacidad como trabajadores del Estado en un 4%”.
La nota se encuentra firmada por el cosecretario General cegetista Pablo Moyano y por la secretaria de Igualdad de Oportunidades de la central obrera Graciela Aleñá (también secretaria General del Sindicato de Trabajadores Viales y Afines). “El último relevamiento gubernamental arroja que solamente se cumple 0,61% del personal con alguna discapacidad en las plantas permanentes”, indicó Aleña. Y agregó: “Es fundamental cumplir con las normativas vigentes porque la inserción laboral de las personas con discapacidad debe ser un hecho real”.
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La gremialista enfatizó que “es nuestro deber que los trabajadores en condiciones de vulnerabilidad estén incluidos dentro del sistema de trabajo, ya que pueden adecuarse tranquilamente a la función pública según su certificado de discapacidad”.
La Ley 22.431, sancionada en 1981, en su Art. 8° establece que “los entes públicos no estatales, las empresas del Estado y las empresas privadas concesionarias de servicios públicos están obligados a ocupar personas con discapacidad que reúnan condiciones de idoneidad para el cargo en una proporción no inferior al 4% de la totalidad de su personal y a establecer reservas de puestos de trabajo a ser exclusivamente ocupados por ellas…”.
Luego añade: “El porcentaje determinado en el párrafo anterior será de cumplimiento obligatorio para el personal de planta efectiva, para los contratados cualquiera sea la modalidad de contratación y para todas aquellas situaciones en que hubiere tercerización de servicios. Asimismo, y a los fines de un efectivo cumplimiento de dicho 4% las vacantes que se produzcan dentro de las distintas modalidades de contratación de los entes arriba indicados deberán prioritariamente reservarse a las personas con discapacidad que acrediten las condiciones para puesto o cargo que deba cubrirse”.
El texto firmado por Moyano y Aleñá concluye remarcando que “la base de la igualdad de oportunidades está dada en la búsqueda permanente de una sociedad justa donde todos y todas tengan las mismas posibilidades sin ningún tipo de discriminación”.
