Campo y Gobierno apuran el proyecto de «ley agroindustrial» que podría crear 700 mil puestos de empleo

Más allá de la tensión política que se pueda ver en superficie, o los tropiezos propios de una historia llena de escollos, el plan entre el Gobierno y el campo para redactar la ley agroindustrial que apunta a generar riqueza y crear unos 700 mil puestos de empleo genuino sigue avanzando. De hecho, ambos se ilusionan con tener el proyecto listo este mismo mes e ingresado al Congreso Nacional para su tratamiento.

En ese rumbo se trabaja desde hace meses con políticas que apuntan al fomento de inversiones de bienes durables, incentivos para la producción vacuna y la promoción de fideicomisos, además de significativos subsidios impositivos para compra de insumos, llámese semillas, fertilizantes o todo aquello que incremente significativamente los costos y dificulte la competitividad en el mercado.

Pero a ello se suma un tema que puede sonar gratamente recurrente: la demanda mundial de soja con precios mayores a 500 dólares la tonelada; en un escenario de pospandemia donde China, el gigante comercial demanda una gran cantidad de toneladas pero al que podría sumarse Estados Unidos, y entre los que el Gobierno deberá hacer un perfecto equilibrio político para que en lugar de ser un «boom sojero» sea una catástrofe política.

La demanda global alcanza a todos los productos, al punto que China superaría los 30 millones de toneladas de compras de maíz cuando el año pasado sólo compró siete. Por eso, más allá de las desconfianzas que existen entre campo y Gobierno, los dos ven la oportunidad de ingreso de dólares genuinos y de despeque económico que sin este fluctuante será por varias veces más lerdo y de otro modo tal vez nunca llegue a concretarse.

Por eso, la confirmación oficial en la apertura de la Asamblea Legislativa sobre la ley de fomento al sector agroindustrial con la mirada puesta en potenciar las exportaciones fue recibida con beneplácito. En este momento los equipos técnicos del gabinete económico junto a los líderes del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) -con Gustavo Idígoras y José Martins a la cabeza- ultiman detalles del proyecto de ley que buscaría su promulgación antes de la próxima campaña agrícola.

En diálogo con Idígoras, presidente de la Cámara Argentina de la industria aceitera, el dirigente afirmó que «las expresiones de Fernández fueron «confirmatorias del rol del Consejo Agroindustrial que ha sido creado el año pasado y es quien ha permitido trabajar con el Gobierno en el proyecto de ley de inversiones del agro para industrializar el sector».

En cuanto a los resultados del plan, Idígoras fue optimista y señaló que si sale la ley «va a generar gran desarrollo laboral en todas las economías regionales a lo largo y ancho del país, calculando un efecto económico de 700 mil puestos de empleo en los próximos años por el incremento de producción, consumo y exportaciones».

Para cumplir con esta meta durante las próximas semanas se acelerarán las reuniones entre los equipos técnicos y en simultáneo los representantes del CAA-que agrupa más de 40 entidades ruralistas- mantendrán encuentros con los diversos bloques de diputados y senadores.

De los datos del mercado surge por ejemplo una demanda de 700 mil toneladas adicionales de aceite de girasol por año y eso implica incorporar a la producción cerca de 650 mil hectáreas/año, de los cuales la Argentina podría ir absorbiendo unas 100 mil extra en cada ciclo, lo que muestra a las claras, lo que puede suceder.

La Argentina logró también la reapertura del mercado para exportar bovinos a Uruguay. El servicio sanitario del vecino país aceptó el certificado del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria Argentino (Senasa), luego de casi dos años de negociaciones se vuelve a venderle al país vecino.

Es cierto que éste miércoles, se cumple el aniversario 13 de la Resolución 125, pero la preocupación del Gobierno está en revertir los números en rojo, achicar el déficit y llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario internacional. Y en el campo, los productores están concentrados en nuevos mercados y en la sequía de la que dependen cientas de miles de hectáreas sembradas.