La decisión de la empresa estatal brasileña Petrobas de cerrar una planta de fertilizantes, y dejar a 400 personas en la calle, desató una huelga que ya tiene 18 días y 21 mil trabajadores que no acuden a su empleo en señal de protesta. Si no hay resolución al conflicto, el Gobierno prevé desabastecimiento.
Ante este escenario, el juez del Tribunal Superior del Trabajo, Ives Gandra Martins Filho emitió un polémico fallo: declaró ilegal la medida de fuerza que llevan adelante los empleados, además de autorizar el despido por «justa causa» de los huelguistas y el descuento de los días no trabajados, en una decisión cuyo contenido y redacción tuvieron el carácter de un ultimátum.
La respuesta de los sindicatos, que están nucleados en la Federación Única de los Petroleros (FUP), no se hizo esperar: ratificaron las medidas de fuerza y dejaron en claro que «la huelga es un derecho garantizado a todos los brasileños, incluso a los petroleros, por la Constitución de 1988». A su vez la FUP expresó que cuenta con la adhesión «de 21 mil trabajadores en 120 unidades, lo que comprende más de cincuenta plataformas marinas, una decena de refinerías, usinas termoeléctricas y una planta de fertilizantes».
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Además de exigir la reincorporación de los trabajadores, la FUP pide que la compañía estatal no sea «entregada» a manos privadas, algo que ha deslizado en reiteradas ocasiones Pablo Guedes, ministro de Economía, en reuniones con banqueros extranjeros.
Y denuncia que las actuales autoridades de Petrobas promueve la «desnacionalización» a través de la virtual «entrega de las reservas del pre-sal» y el programa de «desinversiones», que no sólo suspendió los programas para construir nuevas refinerías sino que a las existentes las mantiene fuera de actividad, u operando parcialmente.
