Este lunes se llevaron adelante casi 20 allanamientos judiciales en distintos domicilios de la localidad santafecina de Avellaneda, pertenecientes a ex directivos de la cerealera Vicentin, a empresas ligadas al cuestionado grupo empresario y a la propia sede empresaria, en el marco de la causa por defraudación que corre en los juzgados federales de Rosario.
La cerealera, que a fines del año pasado entró en default alegando “stress financiero”, enfrenta múltiples denuncias y causas judiciales, desde el reclamo de numerosos acreedores (que incluyen a cerca de 1200 pequeños productores que no cobraron por los granos entregados) hasta millonarios créditos irregulares otorgados por el Banco Nación bajo la administración macrista. La investigación que dio lugar a los allanamientos se vincula sobre todo a la denuncia de varios bancos extranjeros que también entregaron créditos millonarios y hoy sospechan de la existencia de un esquema general de falsificación de balances, ocultamiento de activos y desvío de recursos.
Los ex directivos allanados son el ex presidente Daniel Buyatti, el ex director financiero Roberto Gazze, tres integrantes de la familia Padoán (Máxmo, Cristian y Bettina), otros dos de la familia Vicentin (Roberto y Amelia) y Martín Colombo. Todos accionistas y directores a la vez a los que se les secuestró documentación que podría aportar a la investigación en curso.
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El fiscal a cargo de la investigación, Miguel Moreno (de la Unidad de Delitos Económicos del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe), había solicitado ante el juez Hernán Potsma que se tomen medidas para preservar los derechos de los acreedores, que finalmente fueron autorizadas por el magistrado.
Además de los allanamientos, el juez decidió prohibir cambios en la propiedad de las acciones de las empresas donde Vicentin SAIC tenga participación (incluyendo a Renova, Friar, Oleaginosa San Lorenzo y Algodonera Avellaneda), prohibir la venta de activos de estas empresas, levantar el secreto bancario y bursátil, congelar e intervenir las cuentas bancarias y cajas de seguridad de los miembros del directorio de Vicentin SAIC y no innovar sobre la titularidad de los bienes de los directores (actuales y anteriores) de la empresa.
El pedido de allanamientos también incluye a las empresas radicadas en Uruguay (Nacadie Comercial SA y Vicentin Family Group) en sus domicilios declarados en nuestro país ya que se estima que por estas dos empresas pasó la mayor parte de las transferencias y cambios de propiedad de acciones con las que los directivos de Vicentin intentaron vaciar a la firma para no afrontar el pago a sus acreedores.
