ATE rechaza un aumento salarial para las máximas jerarquías del Estado

La posibilidad de que las máximas jerarquías del Estado reciban aumentos salariales fue rechazada de plano por ATE, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), que a través de Hugo Godoy, recordó «el acuerdo paritario firmado el 6 de junio último para las máximas jerarquías del Estado», y aseguró que «ese convenio salarial procuró beneficiar a 2.500 funcionarios y es inaplicable», por lo que «fue postergado hasta el 1° de enero próximo».

«El régimen de ‘Alta Dirección Pública’ para las máximas autoridades del sector es inaplicable. Ayer se acordó postergarlo hasta el 1 de enero próximo. El real objetivo era habilitar una carrera paralela en la administración pública para los cargos de directores generales, nacionales o simples», afirmó el dirigente sindical.

Godoy explicó que el gremio había denunciado que «ese acuerdo equivalía a una suba de salarios de entre 50 a 100 mil pesos sobre los cargos más altos de las funciones ejecutivas actuales del Sistema Nacional de Empleo Público (Sinep) del decreto 2098/08». «Así, continuará vigente el régimen retributivo de funciones ejecutivas del Sinep y de los convenios colectivos de trabajo hasta diciembre próximo para los agentes que en la actualidad ocupan cargos y para quienes sean designados de forma transitoria», sostuvo.

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Flavio Vergara, de la conducción nacional y delegado paritario, también señaló que «el régimen de ‘Alta Dirección Pública’ sería equivalente a construir un country en un barrio en el que solo viven estatales», y dijo que hay profesionales que «no llegan a cobrar 28 mil pesos, y personal que no alcanza la línea de indigencia y percibe menos de 18 mil pesos».

«En el encuentro con el gobierno, la ATE sostuvo que existen otras prioridades antes de intentar perpetuar a 2.500 funcionarios de alto nivel designados transitoriamente», dijo. Vergara agregó que el compromiso del gobierno para postergar la aplicación de aquel régimen fue plasmado en «las actas de la reunión», en tanto Godoy exigió «la derogación final de esa iniciativa oficial, que solo procuró controlar a las estructuras intermedias».