La crisis global a la que no escapa Argentina, agita el fantasma del desempleo masivo, pese a que el Gobierno prohibió despidos y suspensiones por 60 días, y dictó Conciliaciones Obligatorias como en el caso de Techint.
Ahora parece el turno de la mega siderúrgica Acindar, de la compañía Arcelor Mittal, en su planta de Villa Constitución, al sur de Santa Fe, donde se apeló a un esquema de suspensiones rotativas con una reducción del salario a unos 1.200 empleados directos más otros 1.000 contratistas, como respuesta al parate económico generado por el aislamiento obligatorio.
Por estas horas está negociando con la seccional de Villa Constitución de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) las condiciones que impondrá para los trabajadores de la acería ubicada sobre el río Paraná. Por videoconferencia entre la compañía y la comisión directiva del gremio llevan adelante la negociación en la que la UOM intenta volver a “foja cero” la situación.
Acindar plantea la reducción del sueldo al 65%, cuestión que fue rechazada de plano y luego propusieron un 75% por tres meses, mientras que la UOM, según pudo saber Estado de Alerta, insiste en respetar el DNU 329/20 del Ejecutivo nacional publicado hace apenas diez días que prohíbe las suspensiones “por las causales de fuerza mayor o falta o disminución de trabajo por el plazo de sesenta días de publicada la norma”.
Por supuesto la empresa se resiste a esa posibilidad. Fuentes del gremio revelaron que desde la siderúrgica deslizaron la posibilidad de reducción de personal después de los 60 días del DNU, que no es más que una forma de presionar la firma del acuerdo, según entienden los dirigentes.
Una de las empresas más grandes de la Argentina, competidora del grupo de Paolo Roca, busca como salida su misma variable de ajuste: los trabajadores, amparada en que recibe informes locales y mundiales respecto al futuro negro del sector: «una reducción de los despachos de productos de entre el 70/80% y la cadena de pagos estará quebrada”, sin saber en qué momento volverá la reactivación.
El dilema de los gremios es que ésta emergencia los pone en un lugar que no quieren estar: tener que aceptar rebajas o suspensiones de modo que no se conviertan en masivas pérdidas de fuentes de trabajo.
Ya ocurrió con SMATA y las automotrices. Con la recesión de Macri ya fue necesario aceptar algunas suspensiones rotativas. El escenario ahora parece repetirse con más fuerza y no sólo en empresas pequeñas y medianas que no tienen espalda para pagar la nómina salarial de sus empleados en tiempos de baja o nula facturación, sino en grandes holdings empresarios, cuyo pago de salarios está demostrado que no los llevaría a riesgo de quiebra por lo menos en los próximos meses.
La situación global no colabora. Sólo en Estados Unidos los despidos están a la orden del día. Hubo una ola de 10 millones de personas desvinculadas que se quedaron sin trabajo tan sólo en dos semanas.
Italia, en tanto, tuvo que recurrir a una prohibición de cesantías por 60 días como la Argentina y España se aprobó un real decreto en el que se “prohiben temporalmente, hasta que acabe la crisis sanitaria, los despidos por fuerza mayor o causas objetivas de carácter económico, técnico, organizativas o de producción, que se justifiquen por el impacto del Coronavirus”.
Estos despidos que quedan ahora prohibidos en la península ibérica tienen una indemnización por despido de 20 días por año trabajado y un anualidad como máximo, cuando el juez encuentra procedentes estas causas. Si bien, en el caso de encontrarlas improcedentes, la indemnización se eleva hasta los 33 días por año trabajado y dos anualidades como máximo. Lo cierto es que, desglosando ese texto se deduce que más que prohibir los despidos, los encarecen.
No es distinto de lo que analizan las grandes multinacionales de la Argentina, quienes ejercen enorme presión sobre el Ejecutivo, que por éstas horas reglamenta todas y cada una de las medidas que tomó para asistir a las pequeñas, medianas empresas y a los autónomos e informales. También sobre los gremios, que están dando batalla “en medio de una gran incertidumbre sanitaria y económica” donde deben hacer equilibrio por su doble rol, como custodios de cada uno de los sectores de trabajo y como dadores de empleo. Cada uno de ellos también es una PyMEs que «se topa» con las mismas dificultades a la hora de la supervivencia.
