En el marco de la creciente tensión de los gobernadores con el Gobierno nacional, acelerada tras el descuento inconsulto y coercitivo de más de 13 mil millones de pesos de fondos coparticipables a la provincia de Chubut (que derivó en una amenaza de las provincias patagónicas de suspender el suministro petrolero) y la amenaza de eliminación del Fondo para el Fortalecimiento Fiscal (FFF) de la provincia de Buenos Aires, un importante sector gremial se alineó con los reclamos provinciales contra el oficialismo, fortaleciendo así un frente de lucha unificado contra el ajuste y los recortes que impulsa la administración de Javier Milei.
En este sentido, voceros de la central obrera aseguran que habría acuerdo para convocar a “una huelga nacional, posiblemente con una marcha” durante marzo, evaluando la posibilidad de que sea entre la celebración del Día Internacional de la Mujer del 8 de ese mes y el 24, Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, dos fechas con reivindicaciones muy sentidas por la población que chocan de frente con la “batalla cultural reaccionaria” que busca dar Milei.
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El recorte a Chubut, que logró que una decena de gobernadores se solidarizara con el reclamo del mandatario PRO de esa provincia Ignacio Torres, quien cuestionó en duros términos la decisión de Milei afirmando que “en febrero el Ministerio de Economía de la Nación le retuvo ilegalmente $13.500 millones; más de un tercio de su coparticipación mensual”. Desde sus redes sociales, también el gobernador bonaerense Axel Kicillof apoyó el planteo: “Nuestra solidaridad con el pueblo de Chubut. Todas las provincias estamos siendo sometidas a esta ‘extorsión’ y el recorte de fondos. No es, como sostiene Milei, contra los gobernadores sino contra los pueblos de las provincias”.
En una evidente represalia por este posicionamiento, horas después el Gobierno decidió cargar contra la provincia de Buenos Aires, anunciando la eliminación del Fondo de Fortalecimiento Fiscal, que se había constituido en 2020 en el marco de una importante protesta policial en territorio bonaerense, en acuerdo con el gobierno del entonces presidente Alberto Fernández. La apuesta oficial por tensar la situación política se realiza sobre una situación nacional extremadamente caldeada, con una recesión económica generalizada y una última quincena atravesada por reclamos, manifestaciones, cortes y paros de numerosos sectores que protestan contra el hambre, el atraso salarial y los despidos, en un frente de hecho que va de los movimientos sociales a los trabajadores estatales, pasando por gremios como ferroviarios, sanidad, docentes, construcción, aeroportuarios y otros que ya pararon o están por hacerlo.
En una rápida escalada del conflicto, tras la amenaza de Milei de encarcelar al mandatario chubutense, Torres impulsó otro escrito en el que se planteaba que “si el Ministerio de Economía no le entrega a Chubut sus recursos, entonces Chubut no entregará su petróleo y su gas”. Este escrito, titulado “Las provincias unidas del Sur”, recolectó las firmas de todos los gobernadores patagónicos, independientemente de su pertenencia partidaria. Además de Torres, suscribieron Gustavo Melella (peronismo, Tierra del Fuego), Sergio Ziliotto (peronismo, La Pampa), Claudio Vidal (Somos energía para renovar Santa Cruz), Rolando Figueroa (Movimiento Popular Neuquino) y Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro). El cotitular cegetista Héctor Daer compartió pocas horas después en sus redes sociales la declaración, explicitando el apoyo de la CGT al “reclamo federal de los gobernadores patagónicos”: “Rechazamos las extorsiones del gobierno nacional. Los argentinos necesitamos de consensos para atravesar la crisis que estamos viviendo”.
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En ese contexto, este lunes Kicillof dio una conferencia de prensa en la que confirmó su decisión de reclamar ante la Corte Suprema la restitución del FFF, acompañado por numerosos intendentes, legisladores nacionales y provinciales y referentes gremiales como el cotitular cegetista y camionero Pablo Moyano, el diputado nacional y secretario General de la CTA de los Trabajadores Hugo Yasky, el adjunto de CTERA Roberto Baradel, el diputado nacional y adjunto de Smata Mario Manrique, el titular de la UOM Abel Furlán, el secretario General de La Bancaria Sergio Palazzo y muchos otros.
La reacción gremial no es inesperada, ya que se trata de un sector que casi desde el mismo inicio del mandato de Milei viene sosteniendo sus propios reclamos -contra el DNU 70 que impulsa una regresiva reforma laboral por decreto, la ya caída Ley Ómnibus (cuyo tratamiento quedó postergado en el Congreso) y el tan general como acelerado deterioro de la situación económica y social de los trabajadores en un marco de inflación disparada-, se está impulsando un frente de resistencia contra las políticas oficiales.
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Tras la conferencia de prensa bonaerense, Moyano consideró que ya es un hecho la convocatoria a “un gran paro general” por parte de la CGT, aunque no le puso fecha aún, explicando que esto se definiría naturalmente por el contexto de ajuste que sufren todas las actividades del país. “Queda expresado que la casta son los trabajadores, los jubilados, y las empresas del Estado. Gobiernan para un sólo sector, el empresarial. Si todo sigue así, de forma natural se va a dar un paro general, porque no vamos a permitir el recorte permanente”, denunció.
Palazzo también cargó contra el Presidente, afirmando: “Está claro que Milei es un presidente que le está haciendo pagar todo el ajuste a los ciudadanos en general y particularmente a los sectores que menos tiene”. Y concluyó: “Si siguen con estas políticas, la respuesta va a seguir siendo una respuesta sindical fuerte. Es un Presidente que se caracteriza por generar violencia y no espero nada bueno de su discurso”.
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En las últimas horas, la Justicia Federal hizo lugar a un amparo presentado por Torres “disponiendo el cese de la retención que en concepto de reembolsos por préstamos acordados en el marco del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial”, ante lo que desde Nación se redobló la apuesta, anunciando su intención de presentar un recurso de “per saltum”, para llevar el caso directamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, evitando el paso por la segunda instancia.
Tras la fuerte respuesta gremial que fortalece un frente político contra el oficialismo, se esperan los dichos de Milei en su discurso de apertura de sesiones ordinarias del Congreso de este viernes. Lo más probable es que no sean palabras de conciliación sino de incentivo al conflicto, porque está claro que el mandatario siempre apuesta a más, aunque no siempre la acompañen los resultados, como ya pasó con la Ley Ómnibus y podría pasar próximamente con el tratamiento del DNU en el Congreso. Días atrás Daer manifestó: “Tenemos que ver qué dice el presidente el primero de marzo cuando abra las sesiones ordinarias y a partir de ahí iremos analizando desde la CGT las acciones que llevaremos adelante, siempre teniendo en cuenta la defensa de los derechos colectivos”.
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La intransigencia del oficialismo y el cada vez más brutal impacto de la situación económica sobre los bolsillos de los trabajadores aceleran decididamente los tiempos de la resistencia contra un gobierno empeñado en acelerar su ofensiva antipopular y una redistribución regresiva de los ingresos.
