Este jueves por la tarde la ministra de Seguridad Patricia Bullrich presentó el llamado “protocolo para el mantenimiento del orden público”, que busca eliminar las protestas y movilizaciones sociales que puedan complicar la circulación en rutas y calles de todo el país. Durante el acto de presentación, la funcionaria anticipó la intervención de fuerzas federales para la aplicación del protocolo.
“Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada”, sostuvo Bullrich, más allá de que el derecho a la protesta se encuentra garantizado constitucionalmente. Por la mañana, el portavoz presidencial Manuel Adorni había adelantado que habría “sanciones severas a todos aquellos involucrados en impedir la circulación de los argentinos, que alcanza al que corta, al que transporta, al que organiza y al que financia”.
La CGT denunció que «no se quedará de brazos cruzados» ante el «ajuste» del Gobierno
El anuncio se realiza cuando distintas organizaciones sociales y partidos de izquierda se encuentran organizando una movilización por un nuevo aniversario del 19 y 20 de diciembre, que incluirá un fuerte repudio a las medidas económicas anunciadas en los últimos días, lo que se constituirá como la primera pulseada en relación con el espacio público bajo las nuevas reglas del Gobierno de Javier Milei.
Según detalló Bullrich, las cuatro fuerzas federales (Policía Federal, Gendarmería Nacional, Prefectura y Policía de Seguridad Aeroportuaria), con el aporte del Servicio Penitenciario Federal, que estarán habilitadas para intervenir en caso de corte de calles o bloqueos de circulación. En este aspecto Bullrich destacó que las fuerzas locales de las provincias podrían contribuir a la aplicación del nuevo protocolo.
“Las fuerzas podrán intervenir de acuerdo a los códigos procesales vigentes, si hay un delito infraganti, de acuerdo a la ley de flagrancia”, definió Bullrich, al tiempo que anticipó el envío de una ley al Congreso para formalizar las nuevas medidas. Al respecto, añadió: “Se empleará la fuerza suficiente y será graduada en función de la resistencia”. Esto constituye un claro alerta de represión para las organizaciones que decidan desafíar la normativa. Además, habrá “vigilancia preventiva” para evitar que los grupos logren agruparse: “En estaciones de trenes, aquellas personas que vayan con materiales serán incautados: palos, caras tapadas o formas para no ser reconocidos”.
La inflación de noviembre llegó al 12,8% y Caputo anticipa subas aún mayores
“Los datos de los autores, partícipes, cómplices o instigadores será remitidos a las autoridades competentes . Se le dará aviso al juez competente en caso de daño ambiental, algo que sucede es la quema de cubiertas que genera una situación dañina al ambiente y a la gente”, añadió la ministra. También remarcó que “por todos los costos vinculados a los operativos de seguridad, se les enviará la factura las organizaciones o a los individuos responsables. El Estado no va a pagar por el uso de las fuerzas de seguridad. Tendrán que pagar las organizaciones que tengan personería o los individuos. En caso de tratarse de extranjeros con residencia provisoria, se mandará la información a la Dirección Nacional de Migraciones”.
Y concluyó: “Es necesario que los argentinos sean liberados de los sectores que los extorsionan. Sin orden no hay libertad, y sin libertad no hay progreso. El propósito de este protocolo es cumplir la ley. Como dice el Presidente: ‘el que las hace las paga’. Hemos vivido muchos años bajo un desorden total y absoluto, que ha hecho que la gente no haya podido llegar a sus trabajos, pierden horas de trabajo, presentismos, hay problemas con ambulancias que no llegan a tiempo; y es hora de terminar con esta metodología que lo que hace es generar desorden absoluto”.
