El titular de la Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía (Apsee), Carlos Minucci, acompañó este martes la presentación del proyecto de ley de compra de las acciones de Edesur pertenecientes a la empresa Enel, a través de la estatal Enarsa, que realizaron las diputadas del Frente de Todos María Rosa Martínez y Vanesa Siley. El proyecto fue generado por el gremio y se anticipa que esta semana será enviado a la Comisión de Energía para su tratamiento y posterior ingreso a Diputados.
En los fundamentos del proyecto de ley, después de hacer un recorrido por la historia de las privatizaciones de las empresa públicas iniciada durante el menemismo, en 1991, se afirma que el balance de la gestión privada de la distribución eléctrica en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) durante los 30 años de concesión de Edesur es el de “una grave crisis energética” ya que la empresa “no ha hecho más que desinvertir y prestar un servicio de bajísima calidad a sus usuarios”.
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Y se agrega: “El sistema de privatización ha demostrado su fracaso: la prestación del servicio a los usuarios, industrias y comercios es de muy baja calidad debido a la desinversión sostenida en los últimos años, a pesar de que el Estado destina millonarios recursos en forma de subsidios para que sean administrados por la empresa, y que en parte son desviados para embolsar ganancias que no se registran en los estados contables. Edesur desde hace años que opera con falencias y, a pesar de los aumentos de tarifas del 3.000 por ciento durante el Gobierno de Mauricio Macri, no llevaron a cabo las inversiones necesarias para garantizar un servicio adecuado, continuo y de calidad”.
En consideración a este panorama, se plantea como “indispensable”, impulsar un “modelo de desarrollo integral, expansión industrial y mejora en la distribución del servicio, que tenga al Estado en un rol central”. Luego se añade: “Resulta imprescindible, entonces, trabajar en propuestas e iniciativas orientadas a que el Estado recupere el control de servicios públicos esenciales para la vida de los argentinos y argentinas. La recuperación del control de los servicios públicos privatizados constituye un camino para abordar cuestiones de fondo: el debate entre lo público y lo privado a la hora de garantizar las necesidades básicas para los ciudadanos y las ciudadanas”.
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El texto también destaca que la privatización no ha implicado un ahorro para el Estado ya que si se compara con la inversión en subsidios (1,7% del PBI en los últimos tres años) que se tiene que hacer en la actualidad “queda en evidencia que sale muchísimo más caro para el Estado transferir subsidios que lo que salía la administración estatal directa de todo el servicio en plena crisis económica de los años ´80”. Al respecto, se concluye: “Avanzar hacia un modelo de gestión estatal permitiría reducir los subsidios millonarios que reciben las empresas distribuidoras por parte del Estado, y también avanzar hacia una mejora del servicio. Asimismo, uno de los desafíos para nuestro país es, sin dudas, que el estado tenga a su cargo el manejo de los recursos energéticos”.
El proyecto impulsado por Apsee propone entonces una “asociación estratégica” entre el Estado y el sector privado, cuando se considere conveniente, pero respecto de ENEL (que a fines de 2022 anunció su retiro del país y la puesta en venta de sus activos, incluyendo a Edesur) recomendaron “que ENARSA pudiera retener el 51% del total del dominio, ya que de esta manera podría simplificar y agilizar la operatoria en sus distintas áreas y funcionar en consonancia con las disposiciones que, en materia energética, disponga el gobierno nacional”.
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“La energía no puede ser una variable de atraso económico y exclusión social, sino que debe convertirse en una herramienta para el desarrollo industrial y económico y de ampliación de derechos. No podemos seguir sosteniendo un servicio privatizado, donde las tarifas excesivamente elevadas hacen que las familias no puedan afrontar los costos energéticos de sus hogares; sumado a que la pésima calidad del servicio que se brinda impide acceder a niveles básicos y adecuados de suministro energético”, concluye.
gb
