Finalmente el oficialismo no logró el quórum mínimo para garantizar la sesión especial de la Cámara de Diputados que buscaba tratar el proyecto de ley de Etiquetado Frontal de Alimentos, que viene con media sanción desde el Senado. Los legisladores de Juntos por el Cambio (JxC) se negaron a bajar al recinto y desde el Frente de Todos (FdT) denuncian que su estrategia se explica porque responden a los mandatos de las grandes empresas productoras de alimentos del país, que resisten la iniciativa y son las que financian la campaña electoral de la alianza opositora.
El proyecto propone incluir en los productos alimenticios de carácter industrial una etiqueta frontal y bien visible que alerte sobre aquellos que tienen un alto contenido de grasas, sodio y azúcares, con el objetivo de ayudar a combatir la obesidad, la hipertensión y los riesgos cardíacos. Pero la iniciativa es cuestionada tango por legisladores que representan a las provincias azucareras (que consideran que puede ser negativa para la producción local) como por las empresas alimenticias, que suponen que podría perjudicar las ventas de algunos de sus productos. La iniciativa, que ya logró media sanción en el Senado, perdería estado parlamentario en tres meses.
El proyecto de etiquetado frontal de alimentos logró dictamen y sería aprobado esta semana
Daniel Funes de Rioja, presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) y de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal) fue uno de los voceros de la crítica empresarial contra el proyecto, cuestionando el tamaño de las etiquetas negras que se propone ubicar en el frente de los paquetas y la decisión de definir los niveles «críticos» según los parámetros de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), más duros que los vigentes hoy en el país. En este sentido, plantean que no se avance con la iniciativa hasta no consensuar una política común a nivel Mercosur. «Todo este proceso deja en evidencia la dificultad de mantener un debate con coherencia cuando hay un prejuicio ideológico por encima de la necesidad de informar certeramente al consumidor, lo que llevaría a una ley apresurada sin reales beneficios al propio consumidor», denunció Funes de Rioja.
El intento de sesión del oficialismo sólo logró reunir a 122 diputados, 7 menos que el quórum necesario. Desde la mañana se sucedieron intensas negociaciones entre los bloques, con los legisladores cambiemitas intentando imponer una nueva agenda de debate parlamentario como condición para bajar al recinto, lo que fue rechazado por el jefe del bloque de diputados del FdT Máximo Kirchner. Así, desde JxC convocaron para otra reunión a partir de las 13.30 para intentar consensuar un temario que permita sesionar (incluyendo por ejemplo la Ley Ovina, que ya tiene dictamen podría debatirse en el recinto).
El temario consensuado por el oficialismo, además de la ley de etiquetado frontal incluía temas como la de una ley para las personas en situación de calle y otra relacionada con propuestas para la actividad vitivinícola. En declaraciones previas a la sesión fallida, Kirchner había explicado: “La ley de etiquetado frontal es un buen ejemplo para demostrar que, aun en medio de un proceso electoral, los diferentes espacios políticos podemos avanzar con proyectos que benefician a la gente”.
Desmienten que la Ley de Etiquetado Frontal vaya a tener impacto negativo en el empleo
El proyecto de ley cuenta con el apoyo de numerosas fundaciones y especialistas vinculados a la salud, entre los que se cuentan la Fundación Interamericana del Corazón (FIC), la Federación Argentina de Graduados en Nutrición (Fagran), Consumidores Argentinos, Fundeps, Sanar y Consciente Colectivo, además de 160 mil firmas recogidas por una petición en una plataforma online, donde se plantea: “Las estadísticas de enfermedad provocadas por la mala alimentación en Argentina son terribles. Vivimos en uno de los países con mayor número de muertes atribuibles directamente al consumo de bebidas azucaradas (74 muertes por millón). Alrededor de 10 niños cada 100 mil en nuestro país desarrollarán diabetes y el 80% de los niños tienen caries”.
El diputado del FdT Leonardo Grosso denunció que detrás de la estrategia parlamentaria de la oposición se manifiestan directamente intereses empresariales: “En Argentina hay cinco empresas de producción de alimentos que tienen el 90 por ciento de las marcas de alimentos, que son los que después le pagan la campaña a Juntos por el Cambio. El proyecto es para sancionar una ley que buscar regular el acceso público a la información para que nuestra población pueda alimentarse saludablemente y eso es lo que no quieren discutir”. Y agregó: “No pueden votar esta ley porque las grandes empresas alimentarias están haciendo un lobby feroz, y si de lobby se trata, son los primeros en levantar la mano para hacerse eco”.
El legislador concluyó recordando que nuestro país “tiene problemas de salud graves vinculados a cuestiones evitables, como el consumo y la alimentación de nuestra población” y remarcó que “está comprobado científicamente que solo el 13 por ciento de la población entiende o le presta atención al dorso del producto donde dice lo que contiene” por lo que sería crucial que esa información se encuentre “en el frente con una etiqueta visible para decidir si se quiere consumir mucha azúcar o no”.
