Fabián Lorenzini, el juez santafecino del concurso de acreedores del grupo Vicentin, dispuso este jueves la intervención de la cuestionada empresa y responsabilizó al Directorio por “la omisión, recurrente y sistemática de brindar informaciones que fueron requeridas por este Juzgado”. Sin embargo, decidió mantener a los integrantes de la dirección de la empresa aclarando que actuarán “en carácter de co-administradores” con uno de los actuales veedores, Andrés Shocrón, quien representa a un sector de los acreedores.
Shocrón, que ahora oficiará de interventor, accedió al rol de veedor en el mes de julio, con el apoyo de la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA). El lugar de subinterventor deberá ser cubierto por una designación del Poder Ejecutivo santafesino (provisoriamente se encuentra en manos de María Victoria Stratta, directora General de la Inspección de Personas Jurídicas de la provincia).
Si bien se trata de una intervención, dista de la propuesta que impulsó el Gobierno nacional a inicios del proceso (que fue resistida por la empresa, con al aval de Lorenzini), ya que esta se propone como una alternativa de co-gestión con el actual Directorio de la empresa (que está sospechado de gravísimas maniobras de vaciamiento), para acompañar el proceso del concurso de acreedores. Según sospechan los numerosos acreedores, entre ellos cientos de pequeños productores de grano de la zona, podría tratarse tan solo de otra maniobra judicial de Lorenzini para ganar tiempo y continuar legitimando una conducción empresaria sospechada de gravísimos ilícitos.
En los fundamentos del fallo, el magistrado no hace mención alguna a la enorme cantidad de irregularidades detectadas desde que en febrero Vicentin argumentó “stress financiero” para incumplir obligaciones de pago, lo que luego destapó una gravísima situación de endeudamiento, que incluyo la falta de pago de millonarios créditos del Banco Nación (por los cuales están procesados varios de sus directivos durante el macrismo) y a varios bancos extranjeros, así como graves inconsistencias y posible falsificación de balance, facturaciones falsas, firma de contratos ruinosos para la empresa y la sospecha de un deliberado proceso de vaciamiento de la empresa para no afrontar sus deudas. En el último tiempo también se sospecha que el grupo Olio y Olaginosa Moreno (de Glencore) utilizan la capacidad instalada de Vicentin para exportar a través de sus puertos en lo que podría ser una pantalla por la que a empresa concursada sigue realizando operaciones de venta al extranjero.
Mientras tanto, la causa que avanzar en la fiscalía de delitos económicos de Rosario investiga a la empresa por balance falso, estafa y desbaratamiento a los derechos acordados y la inhibición sobre la composición accionaria de todas las sociedades del grupo. En la Ciudad de Buenos Aires, otra causa avanza en paralelo sobre los inexplicables créditos millonarios otorgados por el Banco Nación a la empresa, incluso después de haber reconocido su insolvencia.
