El nuevo ministro de Obras Públicas Gabriel Katopodis confirmó este lunes que su cartera realizará presentaciones judiciales por la “poca transparencia” en la gestión de Vialidad Nacional durante el gobierno de Cambiemos. Una reciente auditoría encargada por el funcionario constató graves “irregularidades” tanto en lo que hace a falta de ejecución de obras como al “sobredimensionamiento” salarial de algunos gerentes del área.
El ministro anticipó: “Iremos a la Justicia y haremos las denuncias del caso donde encontremos situaciones que tienen que ser judicializadas”. Luego añadió que la gestión de Javier Iguacel en Vialidad, avalada por Guillermo Dietrich como ministro de Transportes, dejó “una estructura burocrática de cargos políticos con gerencias y funcionarios que estuvieron de los dos lados del mostrador”.
Según una investigación, la gestión de Iguacel incrementó de 49 a 134 la cantidad de gerentes, todos con sueldos superiores a los 230 mil pesos, que en muchos casos provenían de empresas contratistas del estado y que, una vez en sus cargos, adjudicaron licitaciones a esas mismas compañías. Katopodis consideró que “no hay justificación” para el nombramiento de 85 gerentes en cuatro años.
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El funcionario consideró que esta dinámica es una muestra más de que el macrismo gestionó “con mucha negligencia, permanente conflicto de intereses y poca transparencia”. Y agregó: “Ellos que vinieron con la bandera de la eficiencia y que nos venían a explicar cómo teníamos que hacer las cosas, fueron muy malos gobernando y gestionando”.
El titular de la cartera de Obras Públicas denunció que la actual situación de Vialidad es “grave”, no sólo por su sobredimensionamiento burocrático sino porque en lo que hace a obras “no cumplió con ninguna de sus metas”. Según una reciente auditoría, sólo se realizó el 13% de las obras prometidas, sin que se hiciera efectivo ninguno de los 4 mil kilómetros de ruta prometidos. “Se pasaron de marketing y grandes anuncios de megaproyectos que después no se concretaban”, remarcó Katopodis.
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— SOMOSVIALES (@somosstv) January 13, 2020
La dinámica habitual en el Gobierno anterior era la de inaugurar tramos de pocos kilómetros como si las obras estuvieran listas, dejando inconcluso el resto de de la obra. Esto sucedió con la Ruta Nacional 7 entre Junín y Chacabuco, con el Camino del Buen Ayre (donde se inauguró un distribuidor para conectar con Ruta 2 al que nunca se le construyeron las subidas y bajadas) y con varios tramos de la Ruta 8 entre Pilar y Pergamino, entre otros muchos casos. 168 de las obras en ejecución se encuentran paralizadas, sin presentar en Vialidad certificados de obra en los últimos tres meses. Un escenario similar se constató con los 102 tramos concesionados a proyectos PPP (de Participación Público-Privada), con índices de ejecución menores al 1%.
En febrero del año pasado, la secretaria general del Sindicato de Trabajadores de Vialidad, Graciela Aleña, había presentado una denuncia penal cuestionando otro de los mitos de la gestión Cambiemos: el presunto 40% menor de las obras. La denuncia planteaba que durante la gestión de Iguacel había licitado tramos de la ruta 8 a la empresa IECSA (vinculada al primo del presidente Ángelo Calcaterra) pagando casi 9 veces más que otras obras de las mismas características.
