Nuevas detenciones: «en Craveri hoy reina un fuerte estado de intimidación»

El conflicto laboral desatado en laboratorios Craveri a partir del despido de 47 de sus trabajadores parece no tener fin. Por el contrario es visible el avance de una actitud represiva de las fuerzas de seguridad contra los delegados gremiales del gremio de Sanidad (ATSA) que interviene y trabaja en la reincorporación de los casi 50 desvinculados de la empresa.

A tal punto, que este jueves volvieron a realizarse detenciones. Uno de los aprehendidos fue Carlos Sinzer, delegado gremial que participaba de una asamblea en las puertas del laboratorio por la reincorporación de sus compañeros, con quien dialogamos a través de La Gota, por radio Argentina para conocer la situación.

Al respecto, Sinzer afirmó que el conflicto sigue vigente y denuncia «un fuerte estado de intimidación en el ámbito laboral» dentro de lo que él considera un plan de «precarización a futuro» justificado en que los perfiles de los despedidos tienen buenas categorías, mucha antiguedad y el 70% son mujeres». Esto es lo que lleva a pensar que «se busca licuar salarios a la baja», disparó el delegado gremial.

Las fuerzas de seguridad avalan la decisión del titular de la firma. De hecho, nuevamente este martes la policía «intentó desplazarnos  de la puerta de la empresa mientras realizábamos una asamblea pacífica y ante la negativa de terminar anticipadamente, avanzaron sobre nosotros y procedieron a las detención mía y de Giselle Ledesma, de Gador, quien fue llevada esposada y a los empujones hasta la sede policial» describió Sinzer.

El 3 de abril ya detuvieron a 5 integrantes de la comisión interna en el comedor del establecimiento, mientras realizaban una asamblea. Esto no tiene antecedentes en épocas de democracia. Situación que fue denunciada por el mismo secretario general de ATSA, también titular de la CGT ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que se encuentra celebrando 100 años de su creación.

Consultado por el motivo de la detención señaló que «Fuimos acusados de obstruir el acceso vehicular del edificio, una especie de «contravención» que debería venir con la orden de un fiscal -y que la policía no tenía-, por realizar una protesta que está amparada por la Constitución Nacional».

Respecto a la intervención del Gobierno, dijo que «La Secretaría de Trabajo dictó la conciliación obligatoria por lo que los despedidos deberían ingresar al establecimiento pero la patronal desconoció esta conciliación». En ese sentido Sinzer hizo foco en la contradicción del titular de la firma: «para detenernos por obstrucción, son legalistas, pero ante una protesta, también de carácter legal, te mandan la policía».

En cuanto a las argumentaciones de los despidos añadió que «la industria farmacéutica no se encuentra en crisis como otro tipo de industrias fabriles, con lo cual desmintió que exista una relación causal».

Además señaló que «La empresa quiere aplicar la Ley 247 y pagar la mitad de las indemnizaciones, cuando pudo encontrarse otra salida, pues se intentó desde el Gobierno dar repros y Procedimiento de Crisis que facilitaban la situación y permitían reincorporar a los trabajadores, pero Craveri no aceptó».