Vigiladores Privados alcanzan acuerdos para evitar despidos y suspensiones y exigen incorporarse al plan de vacunación

En el marco de un nuevo aniversario, UPSRA, el gremio que aglutina al personal de Seguridad Privada, reiteró su reclamo al Gobierno para que incluya a los vigiladores en el plan de vacunación por tratarse de una actividad «esencial». Fue el mismo titular de la organización sindical, Angel García, quien insistió en la necesidad de “contemplar la rápida e inmediata vacunación contra el Covid-19 de los trabajadores de seguridad privada de todo el territorio nacional por exponer su salud y sus vidas”.

Al mismo tiempo desde UPSRA confirmaron “acuerdos con los empresarios para que no haya despidos ni suspensiones” al tiempo que “comenzarán las negociaciones paritarias cuyo vencimiento opera el 30 de junio del corriente año”, sostuvo García este domingo 25 de abril, día del Trabajador de la Seguridad Privada.

El sindicato confirmó la ratificación del convenio con la cámara de la actividad, CAESI, «a efectos de que el sector empresario, que nos nuclea, no pueda despedir trabajadores ni suspenderlos, ni efectuar quitas de sus salarios, en el marco del art. No 223 de la Ley de Contrato de Trabajo, mientras se mantenga este lamentable proceso pandémico que nos azota». Convenio que «ha sido homologado por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación y renovado recientemente», especificó el dirigente gremial.

Paralelamente, el gremio denunció una vez más, que todavía está «luchando para restablecer todo lo que ilegalmente nos arrebataron”, refiriéndose a la intervención del sindicato, a la acusaron de “usurpación y destrucción de diversos inmuebles de la Organización -contándose la Sede Central, el ex Instituto Educativo de calle Bulnes, el Centro Recreativo ‘Evita’ de Moreno y el Hotel Regidor de Mar del Plata-; la recuperación de 60 vehículos retenidos también sin causa ni justificación alguna; el robo de muebles, enseres, electrodomésticos, heladeras, equipos de aire acondicionado, computadoras, impresoras, etcétera; libros contables, de actas, títulos de propiedades, escrituras públicas y muchísima documentación valiosa de la entidad», denuncia que también fue motivo de inicio de varias causas penales.