Mientras al interior del gobierno permanece la idea de que la administración pública fue sobredimensionada por razones políticas durante el gobierno de Cristina Kirchner (y replicada por Scioli en la provincia), María Eugenia Vidal busca implementar el plan de retiros voluntarios que le permita colaborar con las reducciones necesarias que ha pedido Macri para paliar el déficit.
Pero no será tan sencillo deshacer este ovillo. Desde los gremios estatales encendieron la alarma y rechazaron de plano el ajuste señalando que «no sobran empleados públicos, sino que por el contrario faltan médicos, docentes, policías».
Desoyendo el reclamo, el decreto 465/18 abre la posibilidad a los estatales comprendidos en la Ley 10.430 de dejar su empleo a cambio de un plan de pagos con una parte a abonarse en el momento de dejar la tarea y otra parte en cuotas. Podrán adherirse los empleados de planta permanente con más de dos años de antigüedad y menos de 24 años en la función pública.
Contra viento y marea desde la gobernación de la ciudad de La Plata se intenta imitar la iniciativa nacional pero minimizando su impacto, cuestión que no resulta fácil pues estos retiros voluntarios son entendidos como «despidos encubiertos» y por lo tanto generan un gran rechazo.
En ese sentido, el Secretario General de ATE y la CTA Autónoma, Oscar de Isasi remarcó que «este decreto debe enmarcarse en una sucesión de decisiones que perjudican a los trabajadores del Estado. Firma de paritarias con salarios a la baja, jubilaciones compulsivas, despidos y ahora los retiros voluntarios responden a un plan del gobierno que apunta a reducir la masa salarial y a precarizar las relaciones laborales».
