El último anuncio del presidente Alberto Fernández respecto a la Ley de Expropiación con que se pretende intervenir la cerealera Vicentín, debido a su crítica situación financiera y a la enorme deuda contraída con el Banco de la Nación Argentina, borró las históricas diferencias entre los distintos sectores del sindicalismo, que al unísono respaldaron la medida.
Amparados en la preocupación por mantener las fuentes de empleo, desde los tres ámbitos se expresaron en ese sentido. Desde la CGT fue el mismo Héctor Daer quien valoró la decisión de «avanzar con la medida» y dentro de la misma central, los sectores cercanos a la actividad como La Federación de Aceiteros que conduce Daniel Yofre celebró la medida y la consideró como «una certeza para los trabajadores en medio de tanta incertidumbre».
También el representante de UATRE, Ramón Ayala, desvinculado del macrismo con el que supo identificarse, manifestó su beneplácito con la medida que asegura, según dijo, «el funcionamiento de la empresa y los 6.000 puestos de trabajo que pendían de un hilo».
Desde la Central de los Trabajadores fueron más a fondo todavía y no sólo acordaron con la medida sino que «exigieron justicia» respecto al otorgamiento de créditos millonarios en el gobierno anterior a una firma que no estaba en condiciones de recibirlos.
La Central Autónoma, a través de Hugo Godoy, también se manifestó en el mismo sentido, e hizo hincapié en los dichos de Alberto Fernández, orientados a «empezar a construir una soberanía alimentaria», en un país con un número creciente de pobres.
