Por Pedro Perucca
En los últimos días el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) aportó una serie de indicadores claves para analizar la coyuntura nacional en la que se desarrollará la campaña electoral hacia las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) del mes de septiembre y las elecciones legislativas de noviembre: una disputa entre índices que confirman un deterioro acelerado del poder adquisitivo de los salarios de la mano de una inflación desatada, que desde el Gobierno se intenta compensar con algunos parches que sólo alcanzan a algunos sectores, y una cantidad de datos económicos que podrían dar cuenta del inicio de un camino de recuperación productiva post pandemia. Ambos datos son absolutamente ciertos, pero unos serán privilegiados por la oposición y otros por el oficialismo.
Los sectores críticos del oficialismo no tendrán que forzar mucho los datos para mostrar que estamos atravesando un escenario muy complicado en términos sociales y económicos. Por supuesto, no se mencionará que la pandemia de coronavirus viene planteando contradicciones similares en todo el planeta. Pero el incremento de los niveles de pobreza, indigencia y desempleo son innegables. Y nuestro país suma la particularidad de una tan histórica como problemática gimnasia inflacionaria, que obliga al Gobierno nacional a una serie de medidas de emergencia para tratar de compensar la pérdida de poder adquisitivos de salarios, haberes jubilatorios y todo tipo de beneficios sociales que se diluyen en pocos meses.
Según el Banco Mundial, 1,7 millones de argentinos cayeron de la clase media durante la epidemia
Por supuesto, con el ex presidente Mauricio Macri todo hubiera sido mucho peor. Pero una inflación de 50% en los últimos doce meses no puede ser bandera de campaña de ningún partido. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) medido por el Indec subió 3,2% durante junio, acumulando una inflación minorista del 25,3% en lo que va del año y del 50,2% en los últimos 12 meses. Desde el Gobierno destacan como positivo que nos encontramos en un «proceso de desaceleración» inflacionaria porque el dato de marzo había sido de 4,8%, pero lo cierto es que en medio año casi se alcanzó la inflación prevista por el Presupuesto 2021 para todo el año (29%). La cartera económica encabezada por Martín Guzmán destacó que «se espera que esta tendencia a la desaceleración continúe el resto del año» y culpó por esta dinámica a la extraordinaria situación planteada por la pandemia, pero lo cierto es que las distintas cámaras empresarias incumplen sistemáticamente los acuerdos para tratar de contener la disparada de precios y que no hay controles ni sanciones efectivas que logren disuadirlos de estas prácticas especulativas. Además, los mayores aumentos se concentran en el sector alimentario, generando impactos más directos en los sectores de bajos ingresos que deben destinar la mayoría de sus ingresos a garantizar la subsistencia.
En este sentido, es un dato relevante la evolución del costo de la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que marca el umbral por debajo del cual se cae en la indigencia, que durante junio se incrementó en un 3,6% para una pareja con dos hijos, que necesitaría percibir ingresos por unos $28.413,82, según el Indec. El costo de la Canasta Básica Total (CBT), que marca la línea de pobreza, fue de $66.488,33, con un aumento del 3,2% mensual. Durante el primer semestre, el valor de la CBA se incrementó en un 25,3%, mientras que el de la CBT avanzó 22,7% (la diferencia entre ambas se explica porque los precios de las tarifas del transporte y servicios públicos tuvieron incrementos menores a los de los alimentos). En el acumulado de los últimos doce meses, la CBA se incrementó a 57,6% y la CBT a 51,8% (ambas por encima de la inflación promedio).
La inflación de junio fue del 3,2% y la suba interanual superó el 50%
El pasado 7 de julio, dando cuenta de la acelerada evolución inflacionaria que superó las previsiones del mes de marzo, el Gobierno decidió adelantar las instancias previstas para el aumento del Salario Vital y Móvil (que sigue ubicándose muy por debajo de la línea de pobreza), considerando que es “una prioridad y constituye una condición necesaria para que la economía sostenga la reactivación en marcha”. Así, a partir de julio, el salario mínimo pasó a ser de $27.216, de $28.080 desde el 1 de agosto y de $29.160 a partir del 1 de septiembre. Las nuevas disposiciones, adelantan el esquema de aumentos previstos, que en febrero redondeaba un incremento de 35% para el SMVM, una cifra que evidentemente deberá ser revisada en los próximos meses ya que incide no sólo sobre distintos planes y subsidios, sino también sobre el salario inicial docente.
Esta dramática evolución económica logró que, desde el inicio de la epidemia de coronavirus, en marzo de 2020, cerca de 1,7 millones de ciudadanos argentinos cayeran de la clase media a la pobreza, según el reciente informe del Banco Mundial “El lento ascenso y súbita caída de la clase media en América Latina y el Caribe”.
La CGT anunció que se adelantó el aumento del Salario Mínimo y será de 29 mil pesos en septiembre
Desde el Gobierno nacional se busca compensar esta dinámica de pérdida de poder de compra de los salarios con la reapertura de las paritarias de todos los gremios (se ratificó por boca de distintos funcionarios que el objetivo oficial es que “los salarios le ganen a la inflación”) e incluso con la confirmación de un bono extraordinario de 5 mil pesos para los jubilados y pensionados, que equilibre la diferencia entre el aumento derivado de la nueva fórmula de actualización automática y la inesperada dinámica inflacionaria del primer semestre.
Entre otros gestos oficiales, que obviamente también pueden y deben ser leídos en el marco de la campaña electoral, el oficialismo anunció que busca ampliar también las licencias laborales previstas en la Ley de Contrato del Trabajo (por adopción, cuidado de persona a cargo, cuidado de hijos en caso de enfermedad, etc.). De todos modos, no dejan de ser medidas progresivas que sientan precedentes. Allí también debe ubicarse el millonario aporte oficial no sólo para planes sociales y Tarjeta AlimentAR sino, sobre todo, las iniciativas destinadas a sostener el empleo, como los programas Repro o las numerosas líneas de crédito blando para PyMEs (sin olvidar programas generadores de empleo como el Procrear o las millonarias inversiones en obra pública y la apuesta por incrementar los subsidios para no incrementar las tarifas de los servicios públicos).
El superávit comercial llegaría a US$ 13.600 millones en 2021 y reanimará la golpeada economía local
Desde el Gobierno se tratan de destacar los logros oficiales aún en el marco pandémico. En el marco del acto por el que se presentó la incorporación de equipos de fabricación nacional a la producción gasífera de Vaca Muerta, el ministro Matías Kulfas recordó que de los 48 meses de mandato de Macri, en 46 se registró destrucción de empleo, mientras que Alberto Fernández ya puede presumir de 11 meses con cifras positivas. En el mismo sentido, se enfatiza que las exportaciones como las importaciones tuvieron un “marcado repunte” en comparación a los niveles previos a la pandemia, anticipando un superavit comercial de 13.600 millones de dólares para este 2021, lo que marca un panorama alentador en comparación con años anteriores.
En síntesis, comenzamos a transitar un segundo semestre marcado por la disputa electoral, en la que cada sector tratará de hacer pesar los números que favorezcan su estrategia política, por lo que es muy importante tratar de evaluar y analizar las cifras en un marco de mediano plazo, sin perder de vista las distorsiones derivadas de la pandemia.
