Trabajadores de la pesca cruzaron a Mondino por el plan de desregulación de la actividad

El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70 y la Ley Ómnibus que impulsa el Gobierno nacional proponen, entre otra serie de fuertes desregulaciones a organismos y potestades estatales, una serie de modificaciones al régimen de pesca vigente para el mar argentino, que golpearían duramente la actividad pesquera en los puertos de todo el país, especialmente en el de Mar del Plata, principal puerto pesquero argentino. El secretario General del Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, de Pesca y de Cabotaje Marítimo, Mariano Moreno, cruzó en duros términos a la canciller Diana Mondino, que defendió la iniciativa.

El proyecto de ley habilitaría la licitación internacional de permisos de pesca dentro de las 200 millas exclusivas de mar argentino, que constituyen un derecho soberano nacional, reconocido incluso por la Organización de Naciones Unidas (ONU). De aprobarse, esta nueva legislación implicaría una competencia directa entre las empresas y pymes pesqueras nacionales con poderosas multinacionales, que ni siquiera estarían obligadas a descargar en puertos argentinos o a contratar tripulaciones locales.

Entrevista a Mariano Moreno – Sec. Gral. del Centro de Patrones y Oficiales Fluviales de Pesca y de Cabotaje Marítimo «En el día a día» – R 770: “En los próximos 4 años quiero sentarme ante un Estado con el que tengamos que discutir cosas que tengan que ver con un mayor desarrollo, como el de una futura marina mercante, con alcanzar más derechos, con una mayor formación para los trabajadores… de otro modo entiendo que el Movimiento Obrero va a estar gastando todas sus energías en ver cómo podemos sostener lo mucho que tenemos”

La normativa también viola una serie de competencias provinciales, ya que la explotación de las primeras 12 millas marítimas corresponde a las provincias costeras, y avanza sobre competencias del Consejo Federal de Pesca, con consecuencias no sólo para todos los eslabones de la actividad pesquera sino, gracias al proceso de extranjerización que generaría, también planteando una amenaza a la soberanía alimentaria nacional en su conjunto.
“No seamos hipócritas, ustedes saben perfectamente que los que pescan no son argentinos”, había sostenido Mondino, para luego añadir: “¿Si vienen y te pagan los impuestos y contratan a trabajadores argentinos que te molesta?”. “Si hay algo que es de tarado es la pesca”, concluyó, irritando a todo el sector pesquero.

Sindicatos y cámaras empresarias del sector ya hicieron público su repudio unánime a la iniciativa. El secretario General del Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, de Pesca y de Cabotaje Marítimo, Mariano Moreno, cruzó en duros términos a la canciller Diana Mondino, que defendió el proyecto, tratando de “tarados” a los trabajadores del sector que la cuestionaron: “Queda en evidencia que la canciller Diana Mondino tiene un total desconocimiento sobre la actividad de la pesca. Debería pedir disculpas, por lo menos a quienes los votaron, por las estupideces que dice y por no saber de lo que habla”.

Moreno añadió: “Esas ciudades de barcos, de las que habla y se argumenta Mondino, son pesqueros internacionales con trabajo esclavo y pretenden sobrepasar la milla 200 -zona económica exclusiva- que es custodiada por los propios trabajadores de la pesca argentinos, que ella trató de tarados e hipócritas. Esta señora, que es banquera, desconoce totalmente la actividad productiva pesquera, su mundo son las finanzas y las especulaciones, pero lo agrava con su soberbia porque ni siquiera tienen la inteligencia de informarse”.

“La verdad es que no se entiende a qué trabajadores quiere ayudar Mondino”, sostuvo Moreno, alertando sobre el impacto negativo que podría tener la medida sobre cientos de miles de trabajadores, así como sobre “plantas procesadoras, talleres y astilleros navales y todo lo que está relacionado al sistema de pesca y navegación”. Y concluyó: “Hablamos de uno de los caladeros mejor protegidos que existen en el mundo, se debe mejorar mucho más. Trabajadores y empresas sabemos sobre el recurso natural y su sostenibilidad, el estado debe cumplir su responsabilidad de protegerlo a través de normativas lógicas, no entregar recurso, soberanía y trabajo digno al mejor postor”.