Este miércoles, el Frente de Todos logró la firma del dictamen de mayoría que impulsa cambios en la Ley de Alquileres, sin modificar el plazo de los contratos vigentes en la actualidad -3 años- ni los plazos de actualización. La propuesta, en tanto, incluye una serie de beneficios fiscales para pequeños propietarios para incentivar la oferta de inmuebles.
La comisión de Legislación General, debatió las propuestas durante la tarde, luego de días de análisis y debates, en varias oportunidades opacados por las disputas internas del Gobierno con precios y salarios.
En total se firmaron tres despachos: uno por el oficialismo (con 16 firmas), otro por Juntos por el Cambio (con 14) y un tercero encabezado por la legisladora de Identidad Bonaerense, Graciela Camaño.
El Frente de Todos postula la defensa de la actual ley y propone incentivos fiscales a pequeños propietarios. En tanto, Juntos por el Cambio presentó su propio dictamen que toma como eje el retorno a los contratos de dos años y un sistema de actualización acordado entre las partes pero con topes. El tercero, correría por cuenta de la diputada, Graciela Camaño, que habría trabajado en otra opción que se pondrá en debate.
El diputado de Juntos Somos Río Negro, Agustín Domingo, defendió la iniciativa que encabeza Camaño y señaló que “nuestro proyecto incluye medidas que tienden a corregir trabas y desincentivos y también incluye una serie de medidas para incentivar fiscalmente a esta actividad”. También propone reducir de tres a dos años la vigencia de los contratos.
Uno de los problemas vertebrales que atraviesa la cuestión claramente es la pauta inflacionaria, estimada en un 60%, pero no es menor la problemática surgida del 45% de trabajo informal, un flagelo que dificulta la firma de contratos de alquiler.
La ley sancionada en 2020 a instancias del bloque de Cambiemos extendió la vigencia de los contratos de 2 a 3 años y fijó un indicador anual de ajuste de valores basado en un promedio de la inflación y los salarios, que ahora son cuestionados por inmobiliarias y propietarios y que son defendidas por las principales asociaciones de inquilinos.
La discusión llegó a la comisión tras recibir la opinión de 132 oradores pertenecientes a asociaciones de defensa del consumir, de corredores inmobiliarios, y de inquilinos, quienes expresaron posiciones contrapuestas sobre cómo reformar la ley de alquileres.
Fuentes del oficialismo señalaron que tras analizar las diferentes posturas decidieron «darle más tiempo a la ley» y encarar las reformas con la mirada puesta en los incentivos ya que el principal problema es la falta de oferta.
