A días del comienzo del undécimo mes del año y con una inflación acumulada que ya superó el 30% (con posibilidades de llegar al 50% anual), la discusión paritaria salarial se impone como un ineludible mandato sindical a fin de recomponer el poder adquisitivo de los trabajadores en cada una de las actividades.
Aquello que arranco con el techo del 15 y luego del 25% fue derribado por el “frente de tormenta” que comando la devaluación de nuestra moneda con un incontrolable proceso inflacionario. En ese marco, la necesidad de revisiones paritarias, incluso mes a mes, cobró fuerza a fin de conseguir una urgente recomposición en los ingresos y conseguir detener el crecimiento del desempleo.
El récord inflacionario de 6,5% del mes de septiembre (con productos de primera necesidad que además aumentaron por encima de la inflación promedio) terminó de cohesionar los reclamos para todos los gremios, que ya están presentando en el Ministerio Producción y Empleo (como se lo denomina ahora para no descalificar al función laboral a una mera Secretaría de Trabajo), distintas opciones de involucramiento estatal para que a través de medidas concretas se evite la continua caída de la ocupación real.
El reclamo ya parte de un piso del 35%, que aún insuficiente, debería revisarse entre el final de este año y principios de 2019, donde la prueba en la participación masiva de los trabajadores en el ejercicio de este reclamo estará siendo monitoreado, evaluando hasta qué punto se prioriza la no pérdida del puesto del trabajo, aceptando un incremento a la baja de los salarios, o llevando adelante planes de lucha sindical con paros y movilizaciones.
La diferencia entre revisión o clausula gatillo es hoy anécdota idiomática, cuando la necesidad de recuperar el poder de compra para alcanzar una mínima calidad de vida, es la matriz de la demanda. Más aún cuando el traslado de los trabajadores a sus lugares de empleo continúa aumentando y hay varias actividades cuyas escalas más bajas están incluso por debajo de la línea de pobreza.
La disputa por el poder adquisitivo de los salarios es clave (ver nota: “EL OBJETIVO DE BAJAR EL PODER ADQUISITIVO COMO LOGRO DE GESTION») , sobre todo en una coyuntura en la que hasta el Poder Ejecutivo Nacional habla de la necesidad de “bajar el costo de la logística”- incluyendo allí a los salarios-, con la pretensión de instalar que tener una paga acorde a la tarea realizada puede implicar “dejar a cientos de miles de personas sin trabajo”.
