La primera resolución de la Secretaría de Gestión y Empleo Público reglamentó el decreto firmado por Alberto Fernández en sus primeros días de gestión sobre la necesidad de revisar miles de nombramientos transitorios y de planta permanente aprobados por la gestión de Cambiemos. Una comisión evaluadora ya se encuentra analizando por lo menos 15 mil casos de los últimos tres años de gobierno de Mauricio Macri.
La resolución de la Secretaría encabezada por la socióloga e investigadora del Conicet Ana Castellani, publicada en el Boletín Oficial, reglamenta el decreto 36/19 y establece el mecanismo para revisar todos los nombramientos en planta transitoria y los concursos en distintas áreas del estado desde diciembre de 2016. La iniciativa alcanza a designaciones en los distintos ministerios nacionales, en las secretarías de Presidencia, los cargos directivos de organismos descentralizados y los de las empresas y sociedades del Estado.
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El decreto firmado por Alberto Fernández autorizaba a una revisión global de las contrataciones y concursos durante el macrismo y derogaba un decreto firmado por Macri que buscaba garantizar la permanencia por lo menos por cinco años para el personal nombrado durante su gestión, acordándole además una indemnización por el tiempo que le faltara para completar ese período.
En una reciente entrevista, Castellani explicó que si bien el macrismo despidió a 41 mil trabajadores estatales, por otro lado multiplicó las líneas dirigenciales, con miles de cargos que percibían sueldos mucho más elevados que los de los desplazados. La funcionaria aclaró que el proceso de revisión de nombramientos no incluirá a los contratos precarios que se acumulan en la administración pública.
La plantilla pública aumento por lo menos en 100 mil personas durante el mandato de Macri, lo que, pese al discurso oficial en contra del empleo público y sus promesas de reducirlo, de algún modo contribuyó a minimizar el impacto de la destrucción de más de 240 mil empleos en el sector privado.
