Desde los primeros anuncios económicos realizados por el ministro de Economía Luis Caputo la semana pasada, el brutal ajuste oficialista comenzó a golpear en las administraciones provinciales, que en algunos casos empezaron a tomar medidas como el despido o suspensión de trabajadores estatales e incluso el pago de los salarios en cuotas. Regionales de la Confederación General del Trabajo (CGT) como la de Córdoba ya lamzaron medidas de fuerza, así como los gremios estatales de algunas provincias.
Este fue el caso del gobernador puntano Claudio Poggi, quien anunció que pagará salarios de estatales en dos cuotas y ya declaró estado de emergencia pública. En La Rioja, el gobernador Marcelo Orrego anticipó despidos de trabajadores estatales, que podrían afectar hasta a 10 mil personas. Gerardo Zamora también declaró la emergencia económica en La Rioja, incluyendo el congelamiento de vacantes o nombramientos en el sector público. Medidas de reducción del organigrama provincial y recorte de gasto público se anunciaron también en Tucumán, Chaco y otras provincias.
Municipales de todo el país en Alerta por atrasos salariales, suspensiones y despidos
En este marco, la CGT Regional Córdoba consideró “inaceptable” que el gobierno provincial haya decidido “no pagar en forma completa los aumentos salariales acordados y aumentar los aportes jubilatorios y al APROSS”, lo que implica “rebajar los salarios”. Según detallaron desde la regional de la central obrera, el Gobierno provincial comunicó oficialmente a los gremios estatales que el medio aguinaldo se pagará sin incluir el aumento acordado (18,9 %) pero con incremento de 1 % sobre los aportes a la APROSS, mientras que el sueldo de diciembre se liquidará con un 6,45 % de aumento más la proporción no pagada en el Medio Aguinaldo y un aumento del 4 % en el Aporte Jubilatorio de todos los Regímenes y un 2 % más en el aporte al APROSS, que queda fijado en un 7 ,5 % para los activos y un 8 % para los jubilados, quedando la liquidación de enero a definir.
“En el bolsillo de los trabajadores eso significa directamente una rebaja salarial. Argumenta que las medidas obedecen al aumento de la deuda provincial a raíz de la inflación, al déficit de la Caja de Jubilaciones y a la virtual quiebra de APROSS, que los gremios ya habían denunciado”, concluyeron, dando cuenta de un estado de situación crítico que se replica en muchas provincias.
Paro de 72 horas de los municipales de San Luis por el pago de sueldos en cuotas
La CGT local reafirmó que «los trabajadores no son responsables ni de la inflación ni de las decisiones respecto a la deuda provincial ni al quebranto de APROSS que deben pagar los funcionarios de la última gestión, únicos responsables, ya que recibieron la institución con superavit». En consideración a ello rechazó «de plano» las medidas, ratificó la exigencia de cobrar el total de los aumentos acordados, definió «estado de conflicto» y convocó a un paro de 24 horas con movilización para el próximo martes 26 de diciembre.
Desde la Confederación de Municipales Argentinos (CTMRA), encabezada por Hernán Doval, denunciaron la “dramática” situación que están atravesando los trabajadores del sector en todo el país después de los anuncios oficiales de recortes y ajustes, con despidos, suspensiones y pagos de salarios en cuotas. Al respecto, anticiparon que opondrán “toda la resistencia necesaria” a este tipo de políticas.
A inicios de la semana, los trabajadores municipales de la ciudad de San Luis habían llevaron adelante un paro de 72 horas, a partir de las 0 horas del lunes, en todos los sectores de la Municipalidad de San Luis. “Dicha resolución se tomó en las asambleas informadas anteriormente, en respuesta a los anuncios del Ejecutivo provincial de dejar sin efecto el ‘Tratado de La Toma’, lo que hará volver a salarios inferiores a la línea de la pobreza, sumado al congelamiento salarial ya anunciado y la revisión anunciada de contrataciones y pases a planta de 2023, lo que pone en estado de desamparo a las y los trabajadores provinciales y municipales”, informó ATE San Luis a través de un documento que lleva las firmas de Fernando Gatica y Daniel Peñaloza, secretario General y de Finanzas respectivamente.
