Edgardo R. Chini
Independientemente del foco puesto en la movilización y el paro nacional, la discusión de
fondo apunta a la definición de cuáles derechos y conquistas laborales, civiles y sociales
caducan y a qué se define como patrimonio nacional. Porque más allá de los números
precisos de la cantidad de manifestantes en todo el país, durante el 24/Ene y de las
declaraciones cruzadas entre dirigentes sindicales y representantes del actual gobierno,
con amenazas de multas y destituciones; la compulsa interpela el mandato soberano, en
la exhibición de denuncias, amenazas, extorsiones y mojada de orejas.
La principal discusión se encuentra en el Poder Legislativo y el Judicial. Los debates en el
Congreso Nacional –para tratar el mega proyecto de ley y el extenso DNU-, decanta en
una diferente conformación de bloques y bancadas, con diarios intercambios – a veces a
las escondidas-, entre funcionarios, asesores vip, referentes económicos, financieros y
partidarios.
A la compulsa se suma, la practicidad de los protocolos para las protestas, frente a una
situación insostenible para toda la fuerza del trabajo, incluido el debate de una reforma
laboral -ya en agenda-, sin que necesariamente deba implicar flexibilización de derechos.
Lo crítico del contexto, revela en primer plano el rol de cada ‘cuerpo partidario’, con la
puesta en superficie de los intereses que se priorizan, sobre exhibido al alcance de todo
ciudadano con mínima curiosidad por conocer las leyes que regirán el destino de la
Argentina, al menos en el corto y mediano plazo.
La visualización de las bancas, cuyos nombres propios históricamente podían pasar
desapercibidos, para sólo protagonizar los conteos de los votos, está poniendo incómodos
a muchos que mayoritariamente esquivaron el rigor de la exposición pública.
Cada postura y desempeño, queda sellado en un debate que pone en juego las prioridades
de Estado y los intereses cruzados y abarcados en encuentros que se producen, tanto
dentro como fuera del recinto.
En lo que refiere al sindicalismo, junto a organizaciones sociales y entidades civiles, entes
estatales, ámbitos culturales, el deporte, ciencia, seguridad, derechos humanos y
organismos con capitales estatales; se eligió hacerlo –en paralelo a otras negociaciones-,
con una masiva presencia en los espacios públicos.
La forma de operar de los intereses más concentrados, optó en cambio por otra dinámica
para marcar la cancha con las iniciativas presentadas por el propio presidente a través de
los medios de comunicación y en su mensaje en cadena nacional, con todo el gabinete y
sus principales colaboradores en el mismo plano (titular área infraestructura ya afuera de
cuadro).
De hecho, que el gremialismo se haya mostrado unido, radica también en que “ahora la
principal patronal es el gobierno”, lo que produjo un cambio en la dinámica de los
conflictos, las confrontaciones y los acuerdos, que en los últimos tiempos, se habían
producido mayoritariamente, dentro de los procesos paritarios por actividad.
Puntualmente el “después”, que suele usarse como caballito de batalla entre quienes
denostan las acciones sindicales, menospreciando su efectividad; involucrará -luego de la
feria de verano- a los actores centrales de la ‘Justicia’, en medio de cautelares, amparos y
presentaciones varias, que catalogan a muchas de las propuestas de las nuevas
autoridades gobernantes, como anti democráticas y anti constitucionales.
