Abogados indígenas de Brasil denunciaron este lunes al presidente Jair Bolsonaro, ante la Corte Penal Internacional de La Haya, por genocidio de los pueblos originarios. La presentación de dicha denuncia coincide con el Día Internacional de los Pueblos Indígenas establecido el 9 de agosto por la ONU.
La denuncia acusa al presidente y a su gobierno de los siguientes delitos: deforestación, minería ilegal, invasiones y ataques de mafias agrícolas a las tierras indígenas, quema de pastizales, destrucción del ambiente y propagación de la pandemia de Covid-19 en las tierras indígenas.
Esta es la tercera delación que se presenta ante la CPI contra Bolsonaro; pero por primera vez su autoría es de abogados indígenas reunidos por la Articulación de Pueblos Indígenas de Brasil (APIB), que representan a casi un millón de personas pertenecientes a los pueblos originarios.
«Creemos que hay hechos en curso en Brasil que constituyen crímenes de lesa humanidad, genocidio y ecocidio. Ante la incapacidad del sistema de justicia en Brasil para investigar y juzgar estas conductas, las denunciamos ante la comunidad internacional, a través de la Corte Penal Internacional «, explicó Eloy Terena, coordinador legal de APIB.
En el caso de ser aceptada, la denuncia puede llevar a Bolsonaro ante los tribunales internacionales de la ONU. Por su parte, Dinaman Tuxá, director de APIB, se manifestó y aseguró que: «después de la redemocratización, sin dudas, es el peor presidente para los pueblos indígenas».
Respecto a las acusaciones, desde que asumió, Bolsonaro busca cambiar una ley para permitir la minería artesanal e industrial dentro de las reservas indígenas. Además, anunció que durante su gestión no habrá más demarcaciones de tierras ancestrales para pueblos originarios, y promovió la siembra de soja entre las tribus, para convertirlas en proveedores del agronegocio.
Por otro lado, el rol de Bolsonaro en el marco de la pandemia por coronavirus, que provocó la muerte de 1.100 indígenas, está incluido en el pedido, sobre todo por reducir el accionar de los organismos públicos de protección a las comunidades originarias.
Según un fragmento del reclamo: «el desmantelamiento de las estructuras públicas de protección social y ambiental, y también de las destinadas a proteger a los Pueblos Indígenas, resultó en la escalada de invasiones en Tierras Indígenas, deforestación e incendios en biomas brasileños, y también en el aumento de la minería ilegal en los territorios».
El exterminio indígena fue puesto de relieve en Brasil el 24 de julio pasado durante una manifestación nacional pidiendo la renuncia de Bolsonaro en San Pablo. Durante la marcha, manifestantes incendiaron una estatua del conquistador bandeirante paulista Borba Gato, que formaba parte de los colonizadores que tomaban tierras y esclavizaban indígenas en el siglo XVII. Por haber quemado neumáticos en torno de la estatua, el líder sindical Paulo Galo se encuentra detenido y con prisión preventiva.
