Por Pedro Perucca
Este fin de semana el colectivo Basta de Asesinatos Laborales (BAL) presentó su informe anual sobre 2020. La presentación se realizó en la Clínica San Andrés, del municipio de Caseros, dando cuenta de que el año pasado murió un trabajador cada 7 horas por razones laborales, en un contexto en el que a las muertes por causas traumáticas se sumaron cientos de víctimas de la epidemia de coronavirus.
La decisión de presentar el informe en la Clínica San Andres responde a que se trata de un espacio ocupado por sus 144 trabajadores, que reclaman la reapertura del espacio médico que permanece cerrado desde que el dueño muriera en enero por un contagio de Covid. Julio Suna, un trabajador de la clínica, explicó que tiene 90 camas disponibles, lo que ería muy importante aprovechar en el contexto de la segunda ola de contagios por coronavirus. En ese sentido, reclamó que la clínica se reabra con el Estado tomando control de la misma, poniéndola en la órbita del PAMI o alguna alternativa similar.
Neuquén: Autoconvocados de salud mantienen los cortes de ruta pese a la nueva oferta provincial
En la apertura del evento Andrés Godoy, activista de la Lista Roja del Neumático, recordó a Marcelo Ulliaga, trabajador de la empresa Pirelli, fallecido el pasado 16 de abril al ser aplastado por una máquina. Luego Luis Franeschi, delegado de ATE en la delegación porteña del INTA, recordó que BAL “tiene su origen el 9 de septiembre de 2016, jornada en la que fallecen en distintos hechos David Ramallo (línea 60), Diego Soraire (INTA Castellar) y Richar Alcaraz (albañil, CABA)”. Según relató, el proceso se desarrolló en una lucha por el esclarecimiento de las responsabilidades patronales en todas las muertes en los ámbitos de trabajo, respecto de lo que planteó “si son evitables, no son accidentes sino asesinatos laborales”.
En cuanto a las responsabilidades por este tipo de eventos no sólo señaló a las empresas que no garantizan las medidas de seguridad suficientes para proteger la vida de los trabajadores sino también al Estado Nacional que muchas veces está “ausente” o es “cómplice, porque mira para otro lado y no controla, porque no hace cumplir las leyes que nos defienden” y a distintos sectores del sindicalismo que “no cumplen con su rol de representar los intereses de los trabajadores exigiendo que se respeten todas las condiciones de seguridad y que todos los compañeros que van a trabajar puedan volver a sus hogares sanos y salvos”.
También se aclaró que las cifras que presenta BAL son mayores a las que registra la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT) porque ésta última no toma en consideración a la enorme cantidad de trabajadores que se encuentran en la informalidad. En este sentido, destacó el proceso de mejora de la metodología de recolección de datos del colectivo, que en su primer informe anual del año 2018 registró 375 casos, mientras que al año siguiente se pasó a 534 (ya superando los datos de la SRT) y en 2020 se llegó a 1295, una muerte cada siete horas, sobre todo por la incidencia de la epidemia.
Al respecto, detalló: “Vemos que hay un gran salto porque se mantiene un gran número de muertes por causas traumáticas y a eso se suman todas las víctimas de la pandemia, que hicieron aumentar mucho los números”. Más del 76% (985) de las muertes registradas fueron por Covid contraído en los lugares de trabajo. La SRT registra 831 muertes por esta causa, sobre un total de contagios que totalizó 209.073. Según los datos oficiales, del total de los decesos, un 24% corresponde al sector salud, un 11% a trabajadores del transporte y un 7% a los de la seguridad privada, de fuerzas de seguridad, de mantenimiento y limpieza, y, finalmente, un 4% de empleados de comercio. En el sector salud, por ejemplo, hay una notable diferencias de cifras, ya que la SRT reconoce sólo 129 muertes, mientras que BAL anota 399 y desde la Federación Sindical de Profesionales de la Salud (Fesprosa) elevan la cifra hasta 500.
