Después de que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner planteara la necesidad de avanzar hacia una reforma integral del sistema nacional de salud, los distintos sectores gremiales manifestaron su preocupación por el lugar que ocuparían las obras sociales sindicales en ese eventual nuevo esquema. El de las obras sociales viene siendo un punto de reclamos constante desde los gremios, que plantean la crítica situación que atraviesan, especialmente después de nueve meses de epidemia.
El sábado pasado, en el cierre del VII Encuentro Nacional de la Salud organizado por el espacio Soberanía Sanitaria que preside el viceministro de salud bonaerense Nicolás Kreplak, la vicepresidenta sostuvo hace algunos días la necesidad de ir hacia “un sistema nacional integrado de salud entre lo público, lo privado y las obras sociales, que optimice recursos”. Y agregó: “La pandemia nos dio la oportunidad de reformular el sistema de salud en tiempo récord, pero es necesario hacer un esfuerzo diferente”. El día anterior, en el marco del acto en el Estadio Único de La Plata por el año de gestión del gobernador Axel Kicillof, había anticipado: “Creo que los dos desafíos más grandes que vamos a tener en este año que empieza, además de un formidable plan de vacunación, es repensar todo el sistema de salud en la República Argentina”.
Creo que los dos desafíos más grandes que vamos a tener en este año que empieza, además de un formidable plan de vacunación, es repensar todo el sistema de salud en la República Argentina. pic.twitter.com/jLqQ7Qzyqh
— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) December 19, 2020
Algunos gremios temen una experiencia similar a la vivida en 2012, cuando la entonces presidenta designó a Liliana Korenfeld (una funcionaria muy cercana a ella desde el gobierno de Santa Cruz) al frente de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) desde donde se utilizaron los fondos correspondientes a las distintas obras sociales sindicales como una herramienta más de negociación y alineación de los sindicatos.
En el acto en La Plata la presidenta también planteó que algunos integrantes del Gabinete deberían ser reemplazados y muchas miradas se dirigieron al titular de la carta de Salud Ginés González García. El temor de los gremios es que en un eventual cambio de funcionarios tome el Ministerio de Salud el actual ministro de Salud bonaerense Daniel Gollán, su viceministro o alguien afín a sus posiciones.
Durante el macrismo, Gollán fue muy crítico al acuerdo que la Confederación General del Trabajo (CGT) firmó con el Gobierno para crear la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías de Salud (AGNET), una entidad responsable de evaluar las nuevas drogas necesarias para un tratamiento y definir si las obras sociales deben hacerse cargo de ellos o no. Este sigue siendo uno de los planteos recurrentes de los gremios hacia el Gobierno, ya que consideran que es uno de los principales factores del déficit de las obras sociales.
En charlas con represenantes gremiales, González García se manifestó a favor de este mecanismo de revisión, pero en su momento Gollán cuestionó: “La Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias determinará qué prestaciones de salud dejan de estar comprendidas en el Programa Médico Obligatorio (PMO). Todo lo que deje de cubrir el PMO deberá pagarlo el afiliado o asociado de las obras sociales y prepagas de su propio bolsillo. Siguiendo con la lógica meritocrática, quienes puedan pagar planes más caros accederán a más prestaciones; esto irá de la mano de ofrecimientos de múltiples cartillas de prestaciones con ofertas escalonadas de servicios según cada presupuesto individual, familiar o institucional. La mercantilización acaba con el concepto de salud como derecho”.
El Gobierno confirmó ayuda extraordinaria por 527 millones para las obras sociales sindicales
Los planteos de la CGT en relación con las obras sociales ocupan hoy el lugar uno de prioridad en sus reclamos al Gobierno, ya que todas se encuentran en una situación de déficit preocupante. Entre las alternativas que plantean para resolver esta crisis se evalúa la posibilidad de que el Estado asma íntegramente el costo delos medicamentos más caros, así como también algunas de las prestaciones especiales por discapacidad que hoy las obras sociales sindicales se ven obligadas a garantizar.
Otra de las propuestas, en su momento planteada por el titular del Sindicato de Empleados de Comercio Armando Cavalieri y luego asumida por la central obrera de conjunto, pasa por aumentar el componente mensual de salud que deben pagar los monotributistas, llevándolo de los 1100 pesos actuales a lo que evalúan como el básico que permitiría cubrir las prestaciones del Plan Médico Obligatorio (PMO), de alrededor de 2800 pesos.
Cavalieri pidió aumentar el componente «obra social» del monotributo
