Los ministros tuvieron que salir a replicar lo que ya dijo el presidente: “la obra pública no se va a paralizar”. Es que el torbellino empresario producido por los ocho cuadernos de las coimas como reembolso de la adjudicación de obra pública todavía no pasó.
¿Cuál será el impacto económico de esta causa judicial por cohecho que pega en el corazón de la obra pública, en momentos en que la economía se encuentra en un ciclo de enfriamiento? La respuesta del gobierno no se hizo esperar: «No se va a parar ninguna obra pública y esto no va a afectar “ dijeron al unísono Frigerio (Ministro del Interior) Dietrich (Ministro de Transporte) y Sica (Ministro de la Producción).
Lo que se espera es esto no sea una mera expresión de deseo sino que se active aún más la obra pública como generadora de empleo y como posibilidad de movimiento de una economía recesiva y con pocas perspectivas de levantar cabeza.
«No creo que pueda afectar nuestro programa de obras, que ya está lanzado y adecuado a todos los requerimientos de la ley», sentenció Dante Sica, desde Córdoba.
Si durante la cuestionada gestión del exministro de Planificación, Julio De Vido, la obra pública estaba concentrada en sus manos, en la gestión de Cambiemos la inversión estatal en infraestructura se divide entre Transporte, Energía e Interior. Los funcionarios aseguraron que sus planes se mantendrán intactos pese al vendaval político en el que ingresó el país. El Gobierno afirmó además que diferenciará empresarios de empresas y que esperará las decisiones de la Justicia para tomar medidas en casos puntuales.
“Vamos a sostener el nivel de inversión y de empleo en obra pública. Hay 430.000 trabajadores de la construcción que están preocupados. Hay que separarlos de las responsabilidades de los empresarios» afirmó Frigerio.
