Sigue creciendo la polémica por la participación de afiliados al Sindicato de Camioneros en el control del cumplimiento de los acuerdos de Precios Justos en las distintas cadenas de supermercados y sus proveedores. Desde la Coalición Cívica incluso presentaron una denuncia penal contra el presidente Alberto Fernández, el ministro de Economía Sergio Massa y el secretario de Comercio Matías Tombolini por delegar esas tareas de control en una organización gremial que no tiene poder de policía.
El programa Precios Justos, una de las herramientas a las que apuesta el oficialismo para controlar la disparada inflacionaria, establece una pauta de congelamientos de precios hasta abril para casi 2000 productos y un esquema de aumentos de no más del 4% mensual para otros 20.000 de primera necesidad. El programa prevé que particulares controlen y denuncien incumplimientos, pero con los controles a cargo de los inspectores del Ministerio de Economía.
Las prioridades oficiales para 2023 son la lucha contra la inflación y la recomposición salarial
Por ello, la intervención de Camioneros en el control generó múltiples reacciones críticas respecto de la potestad o no de un gremio para realizar este tipo de controles. Este lunes se difundió el escrito firmado por la ex diputada Elisa Carrió y los actuales legisladores nacionales Maximiliano Ferraro y Mónica Frade acusando a los funcionarios nacionales por los presuntos delitos de incumplimiento en los deberes de funcionario público, abuso de autoridad, intimidación pública e instigación a cometer delitos. En la denuncia se plantea que “los grupos paraestatales tiene una larga tradición” en Argentina, advirtiendo que “las acciones de apriete y amedrentamiento de Sergio Massa y Matías Tombolini se inscriben en una tradición y esquemas de violencias organizadas y orientadas al control de un núcleo de poder”.
Desde el Gobierno se reconoce que este tipo de colaboración no cuenta con un marco legal establecido, pero recuerdan que en distintos momentos se sellaron acuerdos similares con organizaciones sociales, que participaron de las evaluaciones de cumplimiento del programa Precios Cuidados. La participación de estas organizaciones también está prevista para el actual Precios Justos, comenzando con capacitaciones a partir de esta segunda quincena de enero, sobre todo para integrantes de Barrios de Pie, una organización con importante presencia en el conurbano.
Al respecto el coordinador nacional de Barrios de Pie y subsecretario de Políticas de Integración y Formación en el ministerio de Desarrollo Social Daniel Menéndez explicó: “Vamos a ser entre 500 y 1.000 terminando de relevar en toda la costa, en General Pueyrredón, Mar del Plata, Miramar, Necochea. Vamos a poner puntos de control donde se concentra la gente, en hipermercados y llevar material para difundir el programa, para que la gente pueda bajarse la aplicación e informar cómo utilizarla para denunciar y corroborar los precios”.
El Indec confirmó inflación de 5,1% en diciembre, redondeando un 94,8% en 2022
El propio secretario Adjunto de Camioneros y cosecretario General de la Confederación General del Trabajo (CGT) Pablo Moyano defendió la participación de sus afiliados en los controles: “Hemos hablado con Massa y con Tombolini y nos pidieron una colaboración para ir a los centros de distribución de los grandes supermercados. En eso están Coto, Carrefour, Día, Chango Más, y varios más donde lamentablemente se estaba viendo que la mercadería no llegaba a las góndolas. Por ejemplo, salían 10 camiones de cada producto, llegaban a los supermercados y llenaban dos o tres góndolas”.
El dirigente defendió también el aporte específico que puede realizar Camioneros al control: “Nosotros somos los que movilizamos toneladas diarias de alimentos y podemos controlar las salida de los camiones de los centros de distribución. De diez camiones que salían de los depósitos llegaban dos a las góndolas”. Después de acusar a los supermercadistas de “encanutar la mercadería y aumentar los precios”, agregó: “Tenemos que colaborar para que no ocurra la especulación, que no escondan la mercadería”.
Moyano concluyó aclarando el rol que pueden cumplir los camioneros abocados a las tareas de fiscalización y cuestionando a los críticos de la medida: “Se armó esta payasada de la oposición, de Clarín y La Nación de que los trabajadores camioneros iban a salir con palos y garrotes a los supermercados a controlar precios, la mafia… Cualquier barbaridad. Se ve que hemos tocado intereses. Nosotros no tenemos poder de sancionar, ni de clausurar, sino que podemos notificar la cantidad de productos y a dónde llegan. Después el Estado tiene que controlar por qué no llega a destino”.
