Durante el primer día laborable de 2024, el Gobierno de Javier Milei confirmó la baja de 4588 beneficiarios del Plan Potenciar Trabajo, por presuntas irregularidades que en algunos casos podrían configurar el delito de defraudación contra la Administración Pública. Además, se decidió postergar el traspaso de la gestión de estos planes a la órbita de la Secretaría de Trabajo, tal como se había anunciado originalmente, por falta de personal que pueda hacerse cargo en la cartera a cargo de Omar Yasin. En consideración a ello, se decidió que hasta el mes de abril quede en el Ministerio de Capital Humano que dirige Sandra Petovello.
El traspaso a partir de enero de la gestión de estos planes, que suman más de un millón, había sido originalmente tomada en el último tramo de la gestión nacional del ex presidente Alberto Fernández, en acuerdo con la ex ministra de Desarrollo Social Victoria Tolosa Paz y el ex ministro de Economía Sergio Massa, buscando que con esta decisión se fortalezca más la estrategia de conversión de los planes en trabajo genuino.
Inquietud en las organizaciones sociales por el pase del Potenciar al Ministerio de Trabajo
Pero el actual Gobierno primero busca hacer una profunda auditoría de los planes, apuntando a reformular globalmente el programa, por lo que se decidió postergar por 90 días el traspaso. Según se anticipó el Potenciar sería reemplazado por el “Programa de Inserción Laboral (PIL)”, que se enfocará en brindar beneficios a las empresas para contratar beneficiarios, que además tendrán una serie de obligaciones que cumplir. También se evalúa descentralizar el programa, pasando partes a control de intendentes y gobernadores.
En cuanto a la baja de 4588 beneficiarios del PT, fue confirmada por medio de la Resolución 17/2023, aunque había sido anticipada días atrás por Petovello. El texto, que trae los nombres de todas aquellas personas que perdieron el beneficio, se basa en las irregularidades detectadas por la investigación del fiscal Marijuan, en conjunto con la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social (UFISeS), detectadas al cruzar bases de datos de beneficiarios con las nóminas de las dependencias públicas provinciales, confirmándose irregularidades en 14 provincias: Mendoza, Misiones, Entre Ríos, Tucumán, Río Negro, Jujuy, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Corrientes, Formosa, Salta y Santa Cruz.
