La Justicia porteña frenó la aplicación de la polémica resolución del Ministerio de Seguridad que amplía las potestades de las fuerzas de seguridad federales para el uso de armas de fuego. El fallo, que alcanza al ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, considera al texto firmado por la ministra Patricia Bullrich “inaplicable” e “inconstitucional”.
Apenas 48 horas después de la publicación en el Boletín Oficial de la resolución 956, que elimina restricciones para las fuerzas federales de seguridad para utilizar armas de fuego (habilitando disparar a sujetos desarmados, en fuga o ante un mero gesto que pudiera ser interpretado como la amenaza de sacar un arma), el juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario porteño Roberto Gallardo la consideró “inaplicable” e “inconstitucional” y ordenó al gobierno de la Ciudad a que se abstenga de adherir a la nueva reglamentación.
La medida cautelar fue tomada en respuesta a dos acciones de amparo, una presentada por la legisladora del Frente de Izquierda Myriam Bregman en conjunto con la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) y otra por la Asociación Civil “Nace un derecho”. Bregman compartió desde su cuenta de Twitter: “Hoy presentamos amparo para que no se aplique la resolución de Bullrich. El juez Gallardo acaba de conceder la cautelar y decretar inconstitucionalidad e inaplicabilidad en la Ciudad de Buenos Aires de ese reglamento que legaliza el gatillo fácil”.
Respecto de la decisión judicial, el ministro de Justicia Germán Garavano reconoció la posibilidad de que “algún juez pudiera cuestionar la reglamentación” pero manifestó su sorpresa por el tenor del texto y cuestionó al juez Gallardo por considerar que “tiene una tendencia a avanzar sobre áreas que no son de su competencia”.
Así, la cautelar frena los planes dl jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, quien había anunciado esta martes la decisión de la Ciudad de adherir inmediatamente al nuevo protocolo durante la presentación de un plan de mejoras para la línea D de subterráneos.
Pero incluso dentro de la propia alianza de Gobierno se alzaron voces de protesta contra la resolución propuesta por Bullrich. La diputada nacional Elisa Carrió calificó a la resolución de “fascista” y sostuvo que “viola los derechos humanos fundamentales”: “Nosotros no vamos a ir al fascismo. Esto no significa que la Policía no tenga el poder para mantener el orden, pero a la ministro se le va la mano”.
