Pese a que las erogaciones provocadas por la segunda ola de Covid no fueron tenidas en cuenta a la hora de confeccionar el presupuesto 2021, el Estado Nacional debe dar respuesta a los efectos negativos de la multiplicación de los contagios que requirió de nuevas restricciones a la actividad económica, tal como fue en la primer ola del 2020.
En el mes de abril, por 15 días de restricciones nocturnas para el AMBA, aumentó un 47% la cantidad de empresas asistidas a través del programa REPRO. En mayo, con el retorno a algo similar a la fase 1 que duró 9 días, se inscribieron más de 100 mil empresas y monotributistas para poder obtener el beneficio.
En ese contexto, los REPROS debieron ampliar actividades e incrementar sus montos de 18 a 22 mil pesos por trabajador. Así, el primer cuatrimestre del año, el REPRO llegó a 19.917 empresas y 544.210 trabajadores, con un gasto de $19 mil millones, pese a algunas críticas y demandas empresarias de la Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) que era de más fácil acceso y de carácter masivo.
La mayor parte de las empresas asistidas para pagar parte de sus sueldos fueron del rubro de salud, alojamiento y gastronomía, y tienen menos de 5 empleados. En abril, con la segunda ola, fueron asistidas 13 mil pymes, por lo que el aumento de la asistencia fue del 47%, con respecto a marzo.
Para el REPRO de mayo, que se paga en junio, ya hubo 101 mil inscriptos, 340% más que en abril, cuando se inscribieron 23 mil, y todavía quedan dos días para el cierre de la inscripción. El salto se explica porque durante todo el mes se ampliaron las restricciones a casi todo el país, más allá del AMBA, y durante 9 días hubo una vuelta a la fase 1. Pero, sobre todo, se explica porque el programa estatal se amplió para comercios no esenciales, como peluquerías, y monotributistas y autónomos. De los inscriptos, 27 mil son empresas con más de 480 mil trabajadores, mientras que 74 mil inscripciones corresponden a trabajadores independientes.
Pero la crisis económica deja abiertas muchas aristas. También el IFE (Ingreso Familiar de Emergencia), es otra de las herramientas que reclaman desde los sectores más vulnerables y que por éstas horas genera algunos ruidos a la interna del Gobierno. Desde algunos sectores se plantea la necesidad de aumentar las ayudas, pero en el palacio de Hacienda, Guzmán insiste en su planteo inicial de las limitaciones presupuestarias. De todos modos está en pleno análisis la cuestión, por reconocerse, de parte del ministro, la aceleración de la inflación, sobre todo, en alimentos básicos.
Lo cierto es que está en pleno análisis el otorgamiento de nueva ayuda familiar que sería para un porcentaje menor de la población que el año anterior. Esta vez alcanzaría a unos cuatro millones de beneficiarios con un monto también menor, que rondaría los 7 mil pesos, pero que podría nivelar la pérdida de poder adquisitivo sufrida por los más vulnerables en tiempo de precios en alza y restricciones a la economía.
